El pasado 20 de mayo de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de su Sala Civil, admitió una acción de tutela interpuesta contra el Juzgado 1° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad, vinculando a una entidad de cobranza como parte interesada en el proceso. La acción busca la suspensión temporal del proceso ejecutivo hipotecario No. 11001310300220150007800, con el fin de evitar el remate de la única vivienda de una familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Contexto y fundamentos de la tutela

La acción se fundamenta en la grave situación económica y de salud que afecta a la familia involucrada. Se alega que la deuda crediticia ha aumentado de manera desproporcionada, sin que se haya proporcionado una liquidación actualizada ni una explicación técnica que justifique el incremento del saldo, que pasó de aproximadamente $187 millones en 2018 a más de $400 millones en la actualidad. Además, se señala que la familia ha intentado en múltiples ocasiones acordar planes de pago con la entidad de cobranza, pero estos han sido rechazados, exigiendo el pago total de la deuda. Esta situación pone en riesgo la permanencia en la vivienda y afecta la salud mental y la dignidad de sus integrantes.

Derechos fundamentales en juego

La tutela invoca la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos: - Derecho a la vida digna (Art. 11 de la Constitución Política). - Derecho a la igualdad y a la protección especial de personas en condición de vulnerabilidad (Art. 13 CP). - Derecho al mínimo vital y a la salud. - Derecho al debido proceso (Art. 29 CP). Esta acción se sustenta además en precedentes constitucionales relevantes, tales como la Sentencia T-585 de 2020, que ordena suspender procesos de desalojo cuando están en juego derechos fundamentales por razones de salud; la Sentencia T-244 de 2012, que protege la vivienda familiar en contextos de extrema vulnerabilidad económica; y la Sentencia T-1028 de 2002, que indica la suspensión de procesos ejecutivos que afecten derechos fundamentales de personas vulnerables.

Procedimiento y próximos pasos

El tribunal ordenó notificar a las partes involucradas y a terceros interesados para que presenten sus manifestaciones en un plazo improrrogable de un día. También requirió un informe detallado sobre las actuaciones reprochadas en el proceso ejecutivo. En caso de no poder notificar a alguna de las partes, se dispuso que el trámite continúe por medio de aviso público en la página web de la Rama Judicial. Finalmente, se solicitó que las autoridades de la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo intervengan y acompañen legalmente el caso, con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales involucrados. Este caso representa un importante precedente en la protección judicial de familias en situación de vulnerabilidad frente a procesos ejecutivos hipotecarios, resaltando la necesidad de garantizar el debido proceso y la transparencia en la liquidación de deudas. Se espera que la decisión final del Tribunal Superior sirva como referencia para futuros casos similares, promoviendo un equilibrio entre la ejecución de obligaciones crediticias y la protección de los derechos humanos.