El caso se originó cuando una empresa del sector de impresiones solicitó el levantamiento del fuero sindical de un operario que también fungía como secretario de organización en el sindicato de la compañía. El trabajador fue encontrado bajo la influencia del alcohol al inicio de su turno en el área de refile, zona que implica riesgos significativos por maquinaria pesada y uso constante de elementos cortopunzantes, como cuchillas y cuchillos de dotación. La empresa aplicó su política interna de cero tolerancia al alcohol, conforme a los informes de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que identificó los peligros inherentes a esa área de trabajo, incluyendo el tránsito de montacargas y riesgos eléctricos. El operario admitió haber consumido alcohol antes de iniciar labores y reconoció la gravedad de su conducta en la audiencia de descargos. El Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la empresa establece la prohibición de presentarse al trabajo en estado de embriaguez y contempla sanciones que van desde la suspensión disciplinaria hasta la terminación del contrato con justa causa. Además, el contrato laboral del demandado contempla explícitamente como justa causa la violación de obligaciones legales y reglamentarias, incluyendo el consumo de alcohol en el lugar de trabajo.

Análisis y decisión del Tribunal Superior

El Tribunal Superior analizó las pruebas documentales y testimoniales aportadas, entre ellas la calibración del alcoholímetro utilizado para medir el grado de alcohol en sangre, informes de la ARL y las declaraciones de los responsables de recursos humanos y seguridad. Se concluyó que la conducta del trabajador constituía una falta grave, que ponía en riesgo su integridad y la de sus compañeros, justificando el levantamiento del fuero sindical. En cuanto a la argumentación sobre la aplicación de la Resolución No. 1844 de 2014, que regula la medición indirecta de alcoholemia, el tribunal determinó que dicha norma no es aplicable en este contexto privado, sino en actividades judiciales o administrativas del Estado. Por lo tanto, no podía alegarse su incumplimiento. El fallo enfatiza que el fuero sindical protege el derecho colectivo de asociación y no debe ser utilizado para amparar conductas individuales que comprometan la seguridad laboral. Además, la decisión se alinea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el despido por embriaguez es procedente cuando afecta el desempeño laboral y la seguridad en el entorno de trabajo. Finalmente, se confirmaron las costas a cargo del demandado y se fijaron las agencias en derecho correspondientes. Esta sentencia refuerza la importancia de mantener políticas claras de prevención y control en ambientes laborales de riesgo, respetando al mismo tiempo los derechos sindicales pero sin sacrificar la seguridad y la integridad de los trabajadores.