El proceso de liquidación de sociedad conyugal que se tramita en un juzgado de familia en Bogotá incluye dos inmuebles y rentas provenientes de arrendamientos. En este contexto, se elaboró un trabajo de partición por parte de una auxiliar de la justicia que fue radicado en marzo de 2024. El apoderado del demandado presentó objeciones a dicho trabajo, que fueron rechazadas de plano por el juzgado por considerarlas extemporáneas, argumentando que el trabajo había sido notificado vía correo electrónico.

Revisión y revocatoria por parte del Tribunal Superior

Sin embargo, el Tribunal Superior revisó la actuación y concluyó que el juzgado no ordenó el traslado formal del trabajo de partición mediante auto, tal como lo exige el artículo 509 del Código General del Proceso. Este traslado es indispensable para garantizar el derecho de contradicción. El simple envío por correo electrónico no sustituye esta formalidad procesal, especialmente porque la auxiliar de la justicia no es parte del proceso, sino una encargada pública ocasional. Además, el Tribunal aclaró que la Ley 2213 de 2022, que permite prescindir del traslado por secretaría cuando la parte interesada acredita haber enviado un escrito por canales digitales, no es aplicable en este caso, dado que no se trata de un traslado que deba surtirse por secretaría ni de una parte procesal.

Orden al juzgado de primera instancia

El Tribunal ordenó al juzgado de primera instancia que corra el traslado correspondiente al trabajo inicial de partición y que resuelva lo pertinente respetando el debido proceso. La decisión fue adoptada sin condena en costas, reconociendo la validez de la apelación presentada.

Importancia del respeto a los procedimientos formales

Este fallo resalta la importancia de respetar los procedimientos formales en procesos de liquidación de sociedad conyugal, especialmente en lo relacionado con la notificación y traslado de documentos que afectan derechos procesales fundamentales. La correcta práctica garantiza la participación efectiva de todas las partes y evita nulidades procesales que puedan retrasar el curso del proceso. En resumen, el Tribunal Superior reafirma que el traslado formal mediante auto es un requisito indispensable para que las partes puedan objetar un trabajo de partición, y que la omisión de este paso afecta el derecho de contradicción y la validez de decisiones posteriores en el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Con esta decisión, se fortalece la protección de los derechos procesales y se promueve la transparencia en los procesos judiciales familiares.