Antecedentes del caso

El proceso inició con la demanda de cesación de efectos civiles de un matrimonio católico, la cual fue inicialmente rechazada por falta de competencia de un juzgado de familia en Bogotá. Posteriormente, se presentó un conflicto negativo de competencia entre dicho juzgado y otro de Barranquilla, resuelto por la Sala de Casación Civil Agraria de la Corte Suprema de Justicia, que asignó conocimiento al juzgado de Bogotá. Tras la admisión de la demanda y la notificación por conducta concluyente a la parte demandada, se desarrolló el proceso con contestación de la demanda, presentación de demandas en reconvención, reformas y excepciones, así como la programación de audiencias y orden de valoraciones psicológicas forenses. Durante el trámite, se solicitó la nulidad de lo actuado con fundamento en el artículo 121 del Código General del Proceso (CGP), alegando pérdida de competencia por no dictar sentencia dentro del plazo legal.

Fundamentos jurídicos y decisión del Tribunal

El artículo 121 del CGP establece que el juez debe dictar sentencia de primera instancia en un plazo máximo de un año, contado desde la notificación del auto admisorio de la demanda, y que el incumplimiento de este término conlleva a la pérdida automática de competencia. Sin embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-443 de 2019, declaró la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” para la nulidad derivada de la pérdida de competencia, señalando que dicha nulidad debe ser alegada oportunamente y es susceptible de saneamiento conforme al artículo 136 del CGP. El Tribunal recordó que la pérdida de competencia debe ser invocada por las partes antes de proferirse sentencia para evitar que las actuaciones posteriores sean convalidadas. En este caso, aunque el plazo para dictar sentencia venció sin que se hubiera dictado la providencia correspondiente, ninguna de las partes alegó oportunamente la nulidad por pérdida de competencia. Por el contrario, continuaron participando activamente en el proceso, lo que implica el saneamiento de la irregularidad. El Tribunal también destacó que la notificación del auto admisorio se realizó dentro del plazo legal, por lo que el término de un año para dictar sentencia empezó a contar a partir de esa fecha. Al no haberse solicitado la nulidad en el momento procesal oportuno, se confirmó la decisión del juzgado que negó la nulidad y continuó con el trámite del proceso.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma la importancia de que las partes en un proceso judicial aleguen oportunamente la pérdida de competencia para evitar que las actuaciones posteriores sean convalidadas. El fallo clarifica que la nulidad por pérdida de competencia es una figura saneable y que su alegación tardía implica la validación de lo actuado. En términos prácticos, el caso destaca que los operadores jurídicos deben prestar especial atención a los plazos procesales y actuar dentro de ellos para salvaguardar sus derechos. Asimismo, el pronunciamiento enfatiza la necesidad de equilibrio entre la celeridad procesal y la garantía del debido proceso. El auto confirmado establece un precedente importante en la interpretación del artículo 121 del Código General del Proceso, contribuyendo a la seguridad jurídica en los procesos de familia y en general en la administración de justicia, garantizando que los procesos se desarrollen con respeto a los plazos legales y al debido proceso, evitando paralizaciones indebidas o nulidades injustificadas que afecten la estabilidad jurídica de las partes involucradas.