El tribunal resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo emitido el 4 de noviembre de 2022 por el juzgado penal del circuito, que condenó al acusado como autor del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, imponiendo una pena de 460 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 240 meses, y privación a la tenencia y porte de armas por 50 meses. Además, negó la suspensión de la ejecución de la sanción y la prisión domiciliaria.

Antecedentes del caso

Los hechos ocurrieron en la noche del 24 de febrero de 2010, cuando el acusado, en compañía de otra persona, realizó varios disparos que causaron la muerte inmediata de la víctima. Posteriormente, emprendieron la huida en bicicleta, la cual fue hallada abandonada junto con prendas de vestir relacionadas con el hecho. Durante la investigación, se legalizó la captura del acusado y se formuló imputación por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Se realizaron audiencias de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, en el cual se presentaron testimonios, informes periciales y pruebas balísticas que acreditaron la materialidad y la responsabilidad en el delito.

Valoración probatoria y consideraciones jurídicas

La Sala valoró los testimonios de testigos que identificaron a los implicados y reconocieron las prendas y la bicicleta utilizadas durante el delito. También se tuvieron en cuenta informes periciales que confirmaron la compatibilidad de los proyectiles con el arma utilizada. Se concluyó que la acusación y la condena se basaron en elementos probatorios suficientes, incluidos indicios valorados bajo el principio de sana crítica, que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable. No obstante, la Sala encontró que no se demostró la circunstancia de agravación prevista en el numeral 7 del artículo 104 del Código Penal, relacionada con colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, por lo que dicha agravante fue excluida de la condena.

Prescripción y redosificación de la pena

El tribunal declaró prescrita la acción penal por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, debido al transcurso del término legal y la interrupción del proceso. Como consecuencia, se modificó la condena original, ajustando la pena a 232 meses y seis días de prisión por el delito de homicidio simple, con la correspondiente inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Quedó sin efecto la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Decisión final

El Tribunal Superior confirmó en lo demás el fallo de primera instancia y ordenó remitir la actuación al juzgado de origen una vez ejecutoriada la sentencia. Además, notificó que contra esta decisión procede el recurso de casación en los términos legales. Esta resolución reafirma la importancia de la valoración integral y rigurosa de la prueba en los procesos penales, así como la estricta observancia de los requisitos legales para la aplicación de agravantes y la prescripción de la acción penal, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas y la correcta administración de justicia.