El Tribunal Administrativo, en sesión del 22 de mayo de 2025, admitió la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Resolución 1753 de 2021, expedida por la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, y la Resolución 836 de 2021, emitida por la Secretaría de Planeación del Municipio de Zipaquirá. Ambas resoluciones autorizan y aprueban, respectivamente, la intervención en modalidad de reforzamiento estructural y ampliación del Teatro Roberto Mac Douall.

Desistimiento de la pretensión sobre contratos administrativos

El demandante solicitó el desistimiento de la pretensión de nulidad respecto a los contratos administrativos relacionados con la interventoría y ejecución de obra, celebrados entre el Municipio de Zipaquirá y los consorcios encargados. La Sala recordó que el desistimiento es un acto unilateral, incondicional y que produce efectos de cosa juzgada absolutoria, pudiendo presentarse en cualquier momento antes de la sentencia definitiva. En consecuencia, aceptó el desistimiento solicitado, sin necesidad de la anuencia de la parte demandada, y sin condena en costas.

Admisión de la demanda y vinculación del municipio

Se admitió la demanda contra las dos resoluciones mencionadas, considerando que cumplen con los requisitos legales para su trámite. La Sala también vinculó al Municipio de Zipaquirá como tercero interesado, dado que es propietario del predio objeto de controversia y que podría verse afectado por el resultado del proceso. Esta vinculación garantiza el derecho al debido proceso y la defensa del ente territorial.

Implicaciones y seguimiento del proceso

La demanda busca la nulidad de actos administrativos que autorizan la intervención en un bien de interés cultural, con implicaciones directas para la protección del patrimonio y el desarrollo urbano en Zipaquirá. La acumulación de pretensiones responde a la conexidad material entre los actos impugnados, lo que permite un análisis integral y evita decisiones contradictorias. El proceso continuará con la notificación a las partes y al Ministerio Público, la remisión del expediente administrativo, y la posibilidad de que las partes presenten sus alegatos y pruebas. Asimismo, se informará a la comunidad sobre la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. Este caso destaca la importancia del control judicial sobre actos administrativos que afectan bienes culturales y el desarrollo urbano, así como el equilibrio entre la intervención estatal y los derechos de los particulares y la sociedad. Se espera que la decisión final del Consejo de Estado siente un precedente relevante para la protección del patrimonio cultural en Colombia, reafirmando el compromiso del Estado con la conservación y el desarrollo sostenible de sus bienes históricos.