La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado continúa con el trámite del proceso de nulidad electoral interpuesto contra el acto de elección de la Defensora del Pueblo para el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2028. Este acto fue adoptado por la plenaria de la Cámara de Representantes y publicado en la Gaceta oficial.

Excepciones previas y fijación del litigio

En el auto proferido, el despacho declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda presentada por la Presidencia de la República. Esta excepción alegaba que la demanda no cumplía con los requisitos de claridad y precisión en la individualización del acto administrativo cuestionado. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que la demanda cumple con dichos requisitos conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El litigio quedó fijado para determinar si la elección de la Defensora del Pueblo se realizó con infracción a normas constitucionales y legales, entre ellas los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes nacionales, en particular por la posible violación del derecho a la igualdad debido a la presentación de una terna exclusivamente femenina para la elección, sin garantizar la inclusión de personas del género masculino.

Audiencia y sentencia anticipada

El auto dispone la posibilidad de dictar sentencia anticipada, dado que se trata de un asunto de puro derecho y no es necesario practicar pruebas adicionales. Se admitieron como pruebas los documentos aportados por las partes involucradas, incluyendo las contestaciones de la demanda y los antecedentes administrativos requeridos a la Presidencia de la República.

Intervenciones y argumentos sobre igualdad de género

Se admitieron intervenciones de terceros interesados que aportaron análisis sobre la conformación de la terna exclusivamente femenina. Estos argumentos sostienen que la medida responde a acciones afirmativas legítimas para corregir desigualdades históricas y estructurales de género en el acceso a cargos públicos, promoviendo la igualdad sustantiva y la participación política de las mujeres.

Próximos pasos

El despacho ordenó requerir a la Presidencia de la República para que allegue los antecedentes administrativos del acto acusado. Posteriormente, se dará traslado a las partes para que se pronuncien y aleguen de conclusión por escrito. Finalmente, se expedirá sentencia escrita en los términos legales. Este proceso reviste especial importancia en la interpretación y aplicación de los principios de igualdad y de participación política en la selección de altos funcionarios públicos. Su desenlace tendrá un impacto significativo en futuros procesos electorales y de designación en Colombia, marcando un precedente para la inclusión y equidad de género en cargos públicos.