El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, mediante providencia del 29 de mayo de 2025, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar en un proceso relacionado con controversias contractuales reguladas por la Ley 1437 de 2011.

Fundamentos de la admisión del recurso

Esta admisión se fundamenta en el cumplimiento de los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación previstos en los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificados por la Ley 2080 de 2021. Además, se recordó que desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales pueden pronunciarse sobre el recurso interpuesto por los demás intervinientes, mientras que el Ministerio Público podrá rendir concepto hasta antes de que el proceso ingrese al despacho para sentencia.

Acceso al expediente digital y representación legal

Para facilitar el acceso al expediente digital, se requirió a las partes involucradas que soliciten su registro en el sistema de gestión judicial Samai dentro de un término de cinco días, o manifiesten cualquier dificultad para acceder virtualmente al expediente. Este trámite es fundamental para asegurar la transparencia y el acceso a la información del proceso. Adicionalmente, se informó que el apoderado de los demandados presentó renuncia al mandato, por lo que se ordenó a los demandados designar un nuevo abogado en un plazo de tres días contados a partir de la notificación de esta providencia.

Continuidad del proceso y relevancia del caso

De esta manera, el Consejo de Estado asegura la continuidad del trámite procesal y garantiza el derecho a la defensa de las partes, al tiempo que reafirma el cumplimiento estricto de los términos procesales establecidos en la legislación vigente. Una vez ejecutoriada esta providencia, el expediente será ingresado al despacho para la continuación del trámite correspondiente. Este caso resulta relevante para procesos de controversias contractuales con pretensiones superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, subrayando la importancia del cumplimiento formal en los recursos de apelación y la representación legal durante el proceso. Así, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve la correcta administración de justicia en materia contractual.