La Sala Quinta del Consejo de Estado decidió revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, que había ordenado al municipio de Valledupar cumplir con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, relacionado con el uso de vehículos denominados “caza infractores” para imponer comparendos.

Antecedentes del caso

La acción de cumplimiento fue iniciada para exigir el acatamiento de varias disposiciones legales y administrativas sobre la imposición de multas mediante sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (SAST) en el municipio de Valledupar. La demanda solicitaba la anulación de multas impuestas sin autorización previa, el retiro de los vehículos usados para imponer sanciones y que la imposición de comparendos se realizara presencialmente, garantizando la individualización del infractor y otorgando tiempo prudencial para retirar vehículos mal estacionados. El Tribunal Administrativo del Cesar, en primera instancia, ordenó al municipio cumplir el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, al considerar que no se respetó el debido proceso en la imposición de un comparendo específico. Sin embargo, negó las demás pretensiones por falta de obligación clara o competencia de las autoridades demandadas.

Decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado evaluó los requisitos procesales para la acción de cumplimiento, destacando la necesidad de acreditar la renuencia de la autoridad demandada, es decir, que se haya solicitado previamente el cumplimiento y que esta se haya negado o no haya respondido en el plazo legal. Se constató que la solicitud se dirigió correctamente a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero no al Ministerio de Transporte, por lo que se rechazó la demanda contra este último. Respecto a la pretensión de anular los comparendos, la Sala consideró que la vía de acción de cumplimiento no es adecuada, dado que existe otro mecanismo judicial para controvertir la legalidad de estos actos, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por otro lado, las solicitudes relacionadas con el retiro de los vehículos “caza infractores” y la imposición presencial de comparendos fueron consideradas procedentes, ya que no existe otro medio judicial para garantizar el cumplimiento de estas normas ni generan gastos para la administración pública.

Cosa juzgada y alcance

El Consejo de Estado determinó que existía identidad de objeto, causa y partes con una sentencia previa de la misma Sala, por lo que declaró la cosa juzgada respecto a las pretensiones similares, estableciendo que no pueden ser debatidas nuevamente. Además, se negó la legitimación en la causa de algunas entidades nacionales que no tienen competencia directa en el asunto. Finalmente, se revocó la sentencia del Tribunal Administrativo y se: 1. Rechazó la demanda contra el Ministerio de Transporte. 2. Declaró improcedente la solicitud de anulación de comparendos. 3. Declaró la cosa juzgada sobre las demás pretensiones relacionadas con el cumplimiento normativo.

Implicaciones

Esta decisión reafirma la importancia de cumplir con los requisitos procesales para las acciones de cumplimiento y delimita las competencias de las autoridades en materia de tránsito. Además, establece que la controversia sobre la legalidad de multas debe tramitarse en la jurisdicción contencioso-administrativa mediante los mecanismos correspondientes, y no vía acción de cumplimiento. La sentencia también sienta un precedente sobre la aplicación de la cosa juzgada en acciones similares, evitando la duplicidad de procesos y garantizando la seguridad jurídica en el sector de control de infracciones de tránsito. La decisión está en firme y puede ser consultada en el portal del Consejo de Estado, donde queda disponible para conocimiento público y consulta de los interesados.