Antecedentes del caso

La sociedad demandante celebró un contrato con la Defensoría del Espacio Público para la operación y administración de zonas de estacionamiento. Posteriormente, la entidad emitió actos administrativos en los que declaró el incumplimiento parcial del contrato y activó una cláusula penal pecuniaria. La demandante solicitó la nulidad de estos actos alegando falta de competencia, irregularidades en el procedimiento y violación del derecho al debido proceso. Durante el proceso se presentaron diversas recusaciones contra funcionarios de la entidad, incluyendo a la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y a la jefe de la oficina jurídica. Estas recusaciones fueron resueltas por las autoridades competentes, incluyendo la Secretaría Distrital de Gobierno y el director encargado de la Defensoría. La demandante cuestionó la competencia para resolver dichas recusaciones y la elaboración del informe de presunto incumplimiento por parte de contratistas de prestación de servicios.

Decisión del Tribunal Administrativo

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, señalando que los funcionarios actuaron con competencia y conforme a la ley, y que no hubo extralimitación en el cobro de perjuicios ni vulneración del debido proceso. Además, consideró que el informe técnico elaborado por contratistas de prestación de servicios fue un insumo sometido a la supervisión y aprobación del supervisor del contrato, por lo que no hubo usurpación de funciones.

Confirmación por parte del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en su análisis, confirmó la sentencia de primera instancia. Respecto a las recusaciones, concluyó que la no tramitación formal de una recusación contra...