Antecedentes del caso

El Procurador Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios promovió una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para obtener el acatamiento del artículo 34 de la Ley 2294 de 2023. Esta norma creó los Consejos Territoriales del Agua en las eco regiones y territorios estratégicos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026". Su objetivo es fortalecer la gobernanza del agua con un enfoque inclusivo, diferencial y justo, buscando la consolidación de territorios funcionales adaptados al cambio climático y la gestión del riesgo.

Competencia y vinculación del presidente de la República

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer esta impugnación, conforme a las leyes 393 de 1997 y 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 de 2019. El artículo 34 de la Ley 2294 de 2023 señala expresamente que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe reglamentar la conformación, funcionamiento y articulación de estos consejos. Según el artículo 115 de la Constitución Política, el Gobierno nacional está integrado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos, siendo el presidente una autoridad destinataria directa de este mandato. En consecuencia, el Consejo de Estado advirtió que en el proceso inicial no se vinculó al presidente de la República como autoridad demandada, lo cual constituye una nulidad saneable. Para garantizar el derecho de defensa y contradicción, se ordenó notificar al presidente y conceder un plazo de tres días para que pueda alegar el vicio, pronunciarse sobre la acción o guardar silencio, con efectos legales en cada caso.

Implicaciones y próximos pasos

Esta decisión reafirma la responsabilidad del máximo nivel del Ejecutivo en la implementación de políticas públicas relacionadas con la gestión del recurso hídrico y el ordenamiento territorial. Además, subraya la importancia de garantizar la correcta integración de las autoridades demandadas en procesos judiciales para validar las actuaciones. El Consejo de Estado remitirá al presidente de la República la demanda, el auto admisorio, las intervenciones presentadas, la sentencia de primera instancia y la presente providencia para su conocimiento y actuación. Esta resolución tiene un impacto directo en la efectividad del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en la gobernanza ambiental, al asegurar que se cumplan los mandatos legales para la conformación y funcionamiento de los consejos territoriales del agua. Con esta medida, se espera fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la participación activa de las comunidades en la gestión sostenible del recurso hídrico, contribuyendo así a la protección ambiental y al desarrollo sostenible del país.