Contexto y Propósito del Decreto

El 3 de junio de 2025, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 0596 de 2025, publicado en el Diario Oficial No. 53.138, con el fin de modificar la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media. Este decreto responde a la necesidad de ajustar las condiciones salariales de este grupo de empleados públicos en concordancia con el incremento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2024, más un adicional de 1.8%. El propósito principal es garantizar una remuneración justa y acorde con la inflación para el personal docente y directivo del sector educativo estatal, fortaleciendo así la calidad del servicio público educativo y reconociendo la importancia social y administrativa de su labor en el desarrollo del país.

Medidas y Disposiciones Principales

El decreto establece un aumento salarial del 7%, retroactivo a partir del 1º de enero de 2025, aplicable a las asignaciones básicas mensuales de los distintos grados y niveles del escalafón nacional docente, tanto para empleos regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 como para aquellos bajo el Decreto Ley 2277 de 1979. Este ajuste incluye la incorporación de bonificaciones establecidas en decretos previos relacionados con el sector educativo. Entre las medidas destacadas se encuentran: - Asignación básica mensual: Se actualizan los valores para cada grado y nivel del escalafón docente, incorporando bonificaciones relacionadas con la formación académica y experiencia. - Reconocimiento de títulos académicos: Para docentes y directivos del grado 2º, se reconoce la asignación salarial correspondiente al acreditar títulos de especialización, maestría o doctorado en áreas afines a su formación o desempeño. - Asignación de horas extras: Se fijan los valores para el pago de horas extras, con límites claros en cuanto a la cantidad de horas que pueden ser asignadas y la necesidad de autorización y disponibilidad presupuestal previa. - Asignaciones adicionales para cargos directivos: Se contemplan porcentajes adicionales en la asignación básica mensual para rectores, coordinadores y directores rurales, así como para supervisores, inspectores y vicerrectores, según las características y responsabilidades de sus cargos. - Auxilios y primas: Se establecen auxilios de movilización para docentes en zonas rurales o de difícil acceso y una prima de alimentación para quienes devenguen hasta cierto monto de asignación básica mensual. - Reconocimientos por gestión y jornada: Se implementan incentivos adicionales para rectores y directores rurales basados en el cumplimiento de indicadores de gestión y la oferta de jornadas múltiples o jornada única.

Ámbito de Aplicación y Entidades Afectadas

El decreto tiene aplicación nacional y afecta a todos los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media. Esto incluye a quienes se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, que regula el escalafón nacional docente, y a aquellos vinculados bajo el Decreto Ley 2277 de 1979, abarcando además a los educadores no escalafonados y a instructores de Institutos Nacionales de Educación Media (INEM) e Institutos Técnicos Agrícolas (ITA). De igual manera, el decreto impacta a las entidades territoriales certificadas que administran la educación pública, así como a las secretarías de educación encargadas de la supervisión y control del cumplimiento de estas disposiciones.

Excepciones y Prohibiciones

Se establecen claras prohibiciones respecto a modificaciones o adiciones a las asignaciones salariales por parte de autoridades distintas al Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el único órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Asimismo, se prohíbe la contratación de docentes y directivos docentes mediante modalidades diferentes a las establecidas en la normatividad vigente. El decreto impide que un servidor público docente o directivo perciba simultáneamente más de una asignación salarial proveniente del tesoro público, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. Tampoco se permite el reconocimiento de asignaciones adicionales distintas a las señaladas en este decreto, ni que se carguen a fondos diferentes a los autorizados para servicios educativos.

Base Legal y Vigencia

La facultad para expedir este decreto se fundamenta en la Ley 4ª de 1992, el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto Ley 2277 de 1979, así como en los acuerdos alcanzados en la negociación del pliego presentado por las centrales y federaciones sindicales de empleados públicos, conforme a lo previsto en el Decreto número 1072 de 2015. El decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, surtiendo efectos fiscales desde el 1º de enero de 2025. Además, deroga los Decretos números 284 de 2024 y 307 de 2024, particularmente en lo relacionado con las bonificaciones incorporadas.

Implicaciones para la Ciudadanía y el Sector Educativo

Para la ciudadanía, especialmente para los docentes y directivos docentes del sector público, este decreto representa una mejora significativa en sus condiciones económicas, reflejando el compromiso del Estado con la educación y el reconocimiento del trabajo docente. El ajuste salarial contribuye a mitigar el impacto de la inflación y a incentivar la permanencia y desempeño de estos servidores públicos. Para las entidades territoriales y administradoras del sistema educativo estatal, implica la obligación de realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para cumplir con las disposiciones del decreto, garantizando el pago oportuno y adecuado de las asignaciones y beneficios correspondientes. El decreto también convoca a las autoridades educativas y a los propios docentes y directivos a participar activamente en el cumplimiento de indicadores de gestión y calidad, que serán reconocidos mediante incentivos adicionales, promoviendo así la mejora continua de la educación pública en Colombia. En conclusión, el Decreto 0596 de 2025 configura un marco normativo claro y actualizado para la remuneración del personal docente y directivo del sector educativo estatal, fortaleciendo el sistema y reafirmando la prioridad que el Estado otorga a la educación como pilar fundamental del desarrollo social y nacional.