Contexto y propósito del Decreto

El 3 de junio de 2025, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 0602, publicado oficialmente el 4 de junio en el Diario Oficial. Esta norma responde a la necesidad de actualizar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, conforme a los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva entre sindicatos y el Estado, desarrollada bajo el marco del Decreto 1072 de 2015 y la Ley 4ª de 1992. El propósito principal es ajustar los salarios y prestaciones para el año 2025, tomando como base el aumento del IPC total certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2024, que fue del 5.2%. Sumado a esto, se incorpora un incremento adicional de 1.8%, con lo cual el ajuste totaliza un 7% y se aplica retroactivamente desde el 1º de enero de 2025. Este ajuste es vital para mantener el poder adquisitivo de los servidores y garantizar la estabilidad laboral en una institución fundamental para la administración de justicia.

Medidas y disposiciones específicas

El decreto establece un régimen salarial y prestacional específico para los servidores vinculados a la Fiscalía General de la Nación después de la vigencia del Decreto 53 de 1993, diferenciando claramente sus condiciones de las de otros funcionarios públicos, incluido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la fijación de la remuneración del Fiscal General de la Nación en veinte millones setecientos once mil ciento ochenta y siete pesos ($20.711.187) mensuales, divididos en asignación básica y gastos de representación. Este funcionario, al igual que el Vicefiscal General y los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia que optaron por ciertos regímenes salariales especiales, tendrán derecho a la prima de navidad y a una prima especial de servicios que equipare sus ingresos a los de los miembros del Congreso, sin superarlos. Esta prima especial es factor salarial únicamente para efectos de pensiones y seguridad social. Para los demás empleos dentro de la Fiscalía, se establecen escalas salariales específicas que también se incrementan en siete por ciento, incluyendo asignaciones básicas y primas técnicas que varían según el cargo. Estas primas técnicas sustituyen otras que se venían pagando bajo decretos anteriores y no constituyen factor salarial para efectos de seguridad social. Asimismo, se contemplan beneficios adicionales como auxilios de transporte para ciertos servidores, subsidios de alimentación para quienes perciban asignaciones básicas inferiores a un umbral definido y un seguro de vida colectivo con cobertura general, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Ámbito de aplicación y beneficiarios

El decreto tiene aplicación exclusiva dentro de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional. Afecta a todos los servidores públicos vinculados a esta entidad, ya sea que se encuentren bajo el régimen especial establecido en los Decretos 53 y 109 de 1993 y 108 de 1994, o aquellos que no optaron por dicho régimen. Además, se contemplan categorías específicas, como los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Fiscales Auxiliares y personal de la Institución Universitaria “Conocimiento e Innovación para la Justicia”, a quienes se les ajustan también las condiciones salariales y prestacionales.

Excepciones y limitaciones

El decreto establece claras excepciones en cuanto a las primas a las que tienen derecho los servidores. Por ejemplo, quienes optaron por el régimen especial no tienen derecho a primas de antigüedad, ascensional, capacitación ni a sobreremuneraciones adicionales distintas a las previstas expresamente. Asimismo, se establecen limitaciones presupuestales, señalando que la Fiscalía no podrá exceder las apropiaciones vigentes para cumplir con estas disposiciones. También se prohíbe que cualquier autoridad modifique este régimen salarial y prestacional, garantizando así la estabilidad y uniformidad en la aplicación de las normas.

Marco legal y vigencia

El decreto se fundamenta en la Ley 4ª de 1992 y en el Decreto 1072 de 2015, que regulan la negociación colectiva y los regímenes salariales para servidores públicos en Colombia. La expedición de este acto administrativo respeta el marco jurídico vigente y busca dar cumplimiento a lo pactado en las negociaciones sindicales. Su entrada en vigencia es inmediata a partir de la publicación en el Diario Oficial, con efectos fiscales retroactivos desde el 1º de enero de 2025. Además, deroga el Decreto 290 de 2024, actualizando y consolidando las disposiciones en materia salarial y prestacional para la Fiscalía General de la Nación.

Implicaciones para la ciudadanía y las entidades afectadas

La actualización salarial y prestacional contenida en el Decreto 0602 de 2025 es una medida que fortalece la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación, al garantizar condiciones laborales adecuadas a sus servidores. Esto contribuye a la eficiencia y estabilidad en el desempeño de funciones esenciales para la justicia y la seguridad ciudadana. Para la ciudadanía, un sistema judicial fortalecido se traduce en un mejor acceso a la justicia y en una mayor confianza en las instituciones. Para las entidades públicas, este decreto fija un marco claro y uniforme que facilita la gestión administrativa y financiera en materia de recursos humanos. Se hace un llamado a los servidores públicos y a los órganos administrativos para acoger y cumplir con las disposiciones establecidas, promoviendo un ambiente laboral justo y equitativo, en consonancia con las políticas públicas de fortalecimiento institucional y respeto por los derechos laborales. En suma, el Decreto 0602 de 2025 representa un paso significativo hacia la modernización y consolidación del régimen salarial y prestacional en la Fiscalía General de la Nación, alineándose con los cambios económicos y sociales del país, y reafirmando el compromiso del Estado con sus servidores y con la justicia.