Contexto y propósito del Decreto 0605 de 2025

El 3 de junio de 2025, el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió el Decreto 0605, publicado en el Diario Oficial No. 53.138 el 4 de junio del mismo año, con el fin de fijar las escalas de asignaciones básicas para los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta medida responde a la negociación adelantada en 2025 entre representantes sindicales y el Estado, en el marco del Decreto 1072 de 2015, y tiene como base el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total certificado por el DANE para 2024, que fue del 5.2%. A este porcentaje se adiciona un 1.8%, resultando en un aumento total del 7% para el año 2025, el cual es retroactivo desde el 1º de enero. El decreto busca garantizar un ajuste salarial acorde con la inflación y promover condiciones laborales justas para los funcionarios de la Registraduría, entidad clave en la gestión de la identificación y el estado civil de los ciudadanos colombianos. Además, establece con claridad los parámetros de remuneración para los distintos niveles y cargos dentro de la entidad, fortaleciendo la transparencia y la equidad salarial.

Medidas y disposiciones principales

El Decreto 0605 establece diversas asignaciones básicas mensuales que varían según el grado y nivel del empleado, categorizados en directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. Por ejemplo, para el grado 1, la asignación básica mensual oscila entre $2.564.253 para el nivel asistencial y $8.690.668 para el nivel directivo. Estas escalas se aplican a empleos permanentes y de tiempo completo. En cuanto a la remuneración del Registrador Nacional del Estado Civil, el decreto fija un monto mensual de $21.855.509, compuesto por una asignación básica y gastos de representación. Se establece que la prima especial de servicios, prevista en la Ley 4ª de 1992, debe igualar pero no superar la remuneración total de los miembros del Congreso, y se reconoce incluso durante periodos de vacaciones del funcionario. El decreto impone un límite a las remuneraciones, señalando que ningún empleado podrá recibir un salario total superior al del Registrador Nacional del Estado Civil. Asimismo, ajusta el incremento salarial por antigüedad al mismo porcentaje de aumento de la asignación básica. Se regulan además otros beneficios como el auxilio de alimentación, que se fija en $7.186 diarios por día trabajado y se paga también por trabajo en días especiales bajo ciertas condiciones. El auxilio de transporte se reconoce conforme a lo establecido para los trabajadores del sector privado, salvo cuando la entidad suministre transporte. Otras disposiciones contempladas incluyen la bonificación por servicios prestados, la bonificación especial de recreación, la prima técnica para cargos directivos y asesores, y diversas primas mensuales, geográficas y electorales. En particular, la prima técnica no podrá exceder el 50% de la asignación básica y requiere certificación presupuestal. El reconocimiento de horas extras se regula con topes específicos según el cargo y periodo del año, extendiéndose con mayores beneficios en épocas pre y poselectorales. Además, se autoriza la vinculación de personal supernumerario para suplir vacantes temporales en dichos periodos. Finalmente, se faculta al Registrador Nacional para contratar pólizas de seguro que protejan a los funcionarios contra el riesgo de muerte violenta en el ejercicio de sus funciones.

Ámbito de aplicación y destinatarios

El decreto tiene alcance nacional y se aplica exclusivamente a los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Incluye a todos los niveles y grados de empleo dentro de esta entidad, desde cargos asistenciales hasta el nivel directivo y el propio Registrador Nacional. Los beneficios, aumentos y condiciones establecidas impactan directamente a estos funcionarios públicos, quienes desempeñan funciones esenciales para el Estado civil y la organización electoral del país.

Excepciones y limitaciones

El decreto establece expresamente que ninguna autoridad podrá modificar el régimen salarial o prestacional aquí dispuesto, en concordancia con la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición contraria carecerá de efecto y no generará derechos adquiridos. Asimismo, se prohíbe el desempeño simultáneo de más de un empleo público con asignación proveniente del Tesoro Público, salvo excepciones específicas contempladas en la ley.

Base legal, vigencia y derogatorias

La expedición del decreto se fundamenta en la Ley 4ª de 1992, que regula el régimen salarial y prestacional del sector público, y en el Decreto 1072 de 2015, que establece el marco general para la negociación salarial con empleados públicos. El decreto entra en vigencia a partir de su publicación y surte efectos fiscales desde el 1º de enero de 2025. Además, deroga el Decreto 294 de 2024, dejando sin efecto las escalas salariales previas.

Implicaciones para la ciudadanía y la administración pública

Este decreto significa un avance en la actualización salarial de los empleados públicos de la Registraduría, reflejando el compromiso del Estado con la justicia salarial y la adecuación a la inflación. Para la ciudadanía, implica el fortalecimiento de una institución clave que garantiza la identidad y los derechos civiles de los colombianos, al contar con funcionarios motivados y debidamente remunerados. Para la administración pública, la norma establece parámetros claros que facilitan la planificación presupuestal y la gestión de recursos humanos, garantizando la legalidad y transparencia en el manejo de las remuneraciones. También promueve la equidad interna y limita las posibilidades de acumulación salarial indebida. En conclusión, el Decreto 0605 de 2025 representa una herramienta normativa esencial para la estabilidad laboral y salarial dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con beneficios directos para sus empleados y efectos positivos en el funcionamiento institucional y la prestación de servicios a la sociedad colombiana.