Contexto y emisión del decreto

El pasado 3 de junio de 2025, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto número 0608, publicado en el Diario Oficial No. 53.138. Este acto administrativo responde a la necesidad de ajustar el régimen salarial de los funcionarios de la DIAN para el año 2025, en cumplimiento de acuerdos negociados con las centrales y federaciones sindicales de empleados públicos, y en consonancia con las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 1072 de 2015. El aumento salarial establecido corresponde al incremento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2024, que fue del 5.2%, más un 1.8% adicional pactado en las negociaciones laborales, resultando en un ajuste total del 7%. Este aumento es retroactivo al 1° de enero de 2025, garantizando así la actualización de los ingresos de los servidores públicos en la entidad desde el inicio del año.

Objetivo y relevancia del decreto

El propósito principal del decreto es regular y actualizar el régimen salarial de los empleados públicos vinculados a la DIAN, una entidad clave en la administración tributaria y aduanera del país. Esta actualización salarial no solo atiende a la justa compensación por la inflación y el costo de vida, sino que también busca fortalecer la gestión administrativa y operativa de la DIAN, asegurando la motivación y estabilidad del personal que desempeña funciones esenciales para la política fiscal y la lucha contra el contrabando y la evasión. Además, el decreto tiene un impacto social y administrativo importante, dado que contribuye a la transparencia y claridad en la estructura salarial de la entidad, evitando interpretaciones ambiguas y promoviendo la equidad entre diferentes grupos de empleados.

Medidas y disposiciones establecidas

El decreto se estructura en tres capítulos que contemplan diferentes regímenes salariales según la vinculación y optancia de los empleados: 1. Régimen para personal vinculado después del Decreto 2635 de 2012: Se establece una escala salarial específica con asignaciones básicas mensuales ajustadas al aumento del 7%. Estos empleados mantienen los beneficios salariales y prestacionales vigentes, salvo el incentivo por desempeño grupal previsto en el Decreto 4050 de 2008 y sus modificaciones. 2. Régimen para quienes optaron por los Decretos 618 de 2006 y 4050 de 2008 o fueron vinculados antes del Decreto 2635 de 2012: Se fijan asignaciones básicas mensuales para estos servidores, incluyendo beneficios como la prima técnica y reconocimiento de horas extras, con límites establecidos (hasta 80 horas mensuales). Se detallan también los empleos de carácter permanente y tiempo completo, así como las remuneraciones por servicios extraordinarios en áreas específicas de la DIAN. 3. Disposiciones específicas para cargos directivos y especiales: El decreto fija remuneraciones concretas para cargos como Director Operativo de Grandes Contribuyentes, Subdirectores y Asesores IV, estableciendo además beneficios salariales y prestacionales acorde con sus niveles jerárquicos. Adicionalmente, se incluye una bonificación especial para el personal uniformado de la Policía Nacional que preste servicios en comisión en la DIAN, equivalente al 30% del sueldo básico mensual, para reconocer su apoyo en actividades relacionadas con la lucha contra el contrabando, lavado de activos y evasión fiscal. Esta bonificación es no constitutiva de factor salarial y está condicionada a la certificación del cumplimiento de funciones específicas.

Ámbito de aplicación y grupos afectados

El decreto tiene aplicación nacional y afecta directamente a todos los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esto incluye tanto al personal vinculado posteriormente al Decreto 2635 de 2012, como a quienes optaron por regímenes salariales anteriores y a quienes fueron incorporados conforme a decretos específicos de 2011. Asimismo, se establece un régimen especial para el personal uniformado en comisión, y se delimitan expresamente exclusiones, como el personal uniformado nombrado en empleos de libre nombramiento y remoción o designados en jefaturas de división, quienes no gozarán de la bonificación especial.

Excepciones, prohibiciones y vigencia

El decreto prohíbe que cualquier autoridad establezca o modifique el régimen salarial aquí estipulado, en línea con lo previsto en la Ley 4ª de 1992, asegurando así la estabilidad y uniformidad en las condiciones salariales. También reitera la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación del Estado, salvo excepciones legales. En materia de competencias, se señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública es el único órgano facultado para conceptuar sobre aspectos salariales y prestacionales, evitando interpretaciones o modificaciones por otras entidades. El decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales desde el 1° de enero de 2025. Además, deroga el Decreto número 297 de 2024 y modifica parcialmente el artículo 4° del Decreto número 1743 de 2020.

Implicaciones para la ciudadanía y las entidades

Para la ciudadanía, la actualización salarial en la DIAN puede traducirse en una gestión tributaria y aduanera más eficiente, ya que contribuye a la estabilidad laboral y motivación del personal encargado de estas funciones clave. Asimismo, la transparencia en la estructura salarial fortalece la confianza en la administración pública. Para las entidades y funcionarios, el decreto representa un marco claro y actualizado para la remuneración, estableciendo reglas precisas sobre asignaciones, beneficios y limitaciones, lo que facilita la planificación presupuestal y la gestión de recursos humanos. Finalmente, el llamado es a que todas las partes involucradas, desde la dirección de la DIAN hasta los servidores públicos y organismos de control, adopten y apliquen estas disposiciones en beneficio del servicio público y la correcta administración tributaria y aduanera del país, asegurando así el cumplimiento de los objetivos fiscales y sociales planteados para el próximo periodo.