Contexto y hechos relevantes

La sanción se originó en la negativa de la abogada a asumir el cargo de curadora ad litem, para el cual fue designada en abril de 2023 dentro de un proceso judicial de restitución de tierras. Pese a la obligación de aceptar dicho encargo de manera inmediata según la normativa vigente, la profesional no tomó posesión del cargo ni ejerció la defensa de las partes involucradas, lo que llevó al juzgado a relevarla y designar a otro abogado para cumplir la función. La defensa argumentó que la abogada no contaba con los conocimientos especializados necesarios para brindar una defensa técnica adecuada en este tipo de procesos, ya que su experiencia se centra en derecho privado y empresarial. Además, alegó que las condiciones de orden público y la complejidad del caso justificaban su negativa. No obstante, estos argumentos fueron presentados fuera del término legal establecido para excusarse de la designación.

Decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Tras analizar el caso y los argumentos de apelación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ratificó la sanción de censura, basándose en que el cargo de curador ad litem es de forzosa aceptación según el Código General del Proceso y la Ley 1123 de 2007. Se resaltó que la abogada incumplió sus deberes de colaborar lealmente en la administración de justicia y de aceptar las designaciones como defensora de oficio, al no justificar en tiempo su negativa y afectar así el trámite judicial. La Comisión destacó que la justificación presentada por la abogada fue extemporánea y que la omisión de su deber generó la necesidad de relevarla y nombrar a otro profesional, afectando el derecho fundamental de defensa de las partes representadas. Por ello, calificó la conducta como culposa, al evidenciar negligencia y falta de diligencia en el ejercicio profesional. Finalmente, se ordenó anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados y se dejó constancia de que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Implicaciones prácticas

Este fallo refuerza la obligatoriedad de los abogados designados como curadores ad litem a aceptar y desempeñar el cargo dentro de los términos legales, garantizando así la defensa efectiva de personas ausentes en procesos judiciales. Además, pone en evidencia la importancia de cumplir con los deberes profesionales para asegurar la eficiencia y equidad en la administración de justicia. En conclusión, esta sanción sirve como un llamado a los profesionales del derecho para respetar las disposiciones legales que regulan sus funciones y responsabilidades, recordando que la negativa injustificada a cumplir con cargos asignados puede acarrear consecuencias disciplinarias que afectan tanto su reputación como el correcto funcionamiento del sistema judicial.