La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, resolvió el recurso de apelación presentado por un abogado investigado, quien cuestionó la negativa de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial a decretar testimonios solicitados en su defensa. La investigación se originó tras una queja presentada por un cliente que acusó al profesional de apropiarse indebidamente de dineros recibidos en el marco de procesos ejecutivos y acuerdos extrajudiciales. Durante la audiencia de calificación provisional, se formularon cargos por presunto desconocimiento del deber de honradez y apropiación indebida de recursos, por una suma específica que no habría sido entregada al mandante luego de deducidos los honorarios. El abogado solicitó la práctica de testimonios de terceros que, según él, podían demostrar que el cliente estaba cobrando dos veces la misma deuda, situación que consideraba relevante para su defensa.

Negativa a la práctica de testimonios

La magistrada de primera instancia negó estos testimonios argumentando que no eran pertinentes ni útiles para resolver el proceso disciplinario, ya que la disputa sobre la validez y contenido del título valor debía ser resuelta en la jurisdicción ordinaria y no en el ámbito disciplinario. La decisión fue apelada, pero la Comisión Nacional confirmó la negativa, reiterando que el proceso disciplinario tiene un carácter ético y no resarcitorio ni indemnizatorio, por lo que solo admite pruebas que sean pertinentes, conducentes y útiles para determinar el incumplimiento de los deberes profesionales.

Enfoque del proceso disciplinario

La resolución aclara que la revisión de la legalidad de títulos valores y cobros debe realizarse en los procesos civiles correspondientes. De esta forma, se garantiza que el proceso disciplinario se enfoque en verificar conductas profesionales y no en dirimir controversias patrimoniales ajenas a su competencia. Finalmente, la Comisión ordenó notificar la decisión a las partes y remitir nuevamente el expediente a la instancia de origen para continuar con el trámite disciplinario conforme a lo establecido. Contra esta providencia no procede recurso alguno, por lo que la decisión es definitiva y de obligatorio cumplimiento para todas las partes involucradas.