La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió un recurso de apelación relacionado con la terminación de un proceso disciplinario contra el juez promiscuo municipal de Zarzal, Valle del Cauca, por presuntas irregularidades en la preclusión de una investigación penal. La acción disciplinaria fue declarada extinguida en primera instancia por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, con fundamento en la caducidad de la acción disciplinaria.

Contexto del caso

La investigación se originó tras una queja presentada contra el juez por actuaciones realizadas en 2015 en un proceso penal por extorsión. La decisión de preclusión de la investigación penal fue tomada en febrero de 2015, pero posteriormente revocada por un juzgado penal, que ordenó continuar la investigación.

Fundamentos legales

Con base en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, la acción disciplinaria caduca si, transcurridos cinco años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Para conductas instantáneas, el término se cuenta desde la consumación de la falta. En este caso, la conducta imputada se consideró instantánea, por lo que el término de caducidad comenzó a contarse desde la decisión de preclusión de febrero de 2015. Al momento de la decisión de primera instancia en mayo de 2021, habían transcurrido más de cinco años sin que se hubiera emitido auto de apertura de investigación disciplinaria.

Decisión y recurso de apelación

La Comisión Seccional determinó que no procedía continuar con la investigación por haberse configurado la caducidad, ordenando la terminación anticipada del proceso y el archivo definitivo de las diligencias. La quejosa interpuso recurso de apelación, argumentando que la denuncia se refería a hechos ocurridos bajo la administración anterior del juzgado y que no estaba dirigida contra el juez investigado.

Revisión en segunda instancia

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera instancia, señalando que, independientemente del funcionario al que se atribuyeran las conductas, el hecho ocurrió dentro del plazo que generó la caducidad. La autoridad disciplinaria no puede iniciar o continuar actuaciones una vez vencido el término legal. Además, la Comisión explicó que la caducidad y la prescripción son figuras jurídicas que limitan la potestad sancionadora del Estado por el paso del tiempo, garantizando la seguridad jurídica del investigado.