Contexto y referencia normativa

El Ministerio de Justicia y del Derecho anunció en 2025 un proyecto de decreto que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, conocido como el Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho. Esta reforma busca actualizar las reglas para el reparto interno de las acciones de tutela, ajustando la distribución de estas demandas cuando son interpuestas contra autoridades nacionales. El decreto original, emitido en 2015, estableció criterios para la organización y reparto de estos procesos judiciales, pero ha sido objeto de análisis y modificaciones posteriores, incluyendo el Decreto 333 de 2021.

Tema principal y propósito del proyecto

El proyecto de decreto tiene como objetivo principal modificar las reglas internas para el reparto de las acciones de tutela dirigidas contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional. En particular, se busca que las acciones de tutela contra el Presidente de la República —incluyendo aquellas relacionadas con seguridad nacional y las actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno Nacional vinculadas a la erradicación de cultivos ilícitos— sean conocidas en primera instancia por jueces del circuito o de igual categoría. Con esta medida se pretende reforzar el principio de desconcentración funcional y garantizar un acceso más eficiente e imparcial a la administración de justicia.

Modificaciones y novedades en los procesos de tutela

La reforma elimina la disposición expresa que asignaba la competencia exclusiva al Consejo de Estado para conocer las acciones de tutela contra actuaciones del Presidente de la República relacionadas con seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos. En su lugar, se establece que dichas tutelas serán repartidas a jueces del circuito o de igual categoría, quienes ya poseen competencia territorial y subjetiva para conocer estos casos. Este cambio busca evitar posibles conflictos de interés o impedimentos derivados de que una misma corporación judicial conozca primero de la tutela y luego del control objetivo de legalidad sobre los actos presidenciales. Además, al distribuir estas acciones entre los jueces competentes a nivel territorial, se promueve una mayor imparcialidad estructural y se facilita el acceso a la justicia para los ciudadanos.

Acciones y disposiciones clave del decreto

El nuevo decreto modifica específicamente el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. La regla reformada establece que: “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del circuito o con igual categoría.” Adicionalmente, el decreto dispone la derogatoria del numeral 12 del mismo artículo, que anteriormente asignaba al Consejo de Estado la competencia exclusiva para estos casos.

Participación de actores clave en la implementación

Los principales actores involucrados en la aplicación de esta reforma son los jueces de circuito y de igual categoría, quienes deberán asumir la competencia en primera instancia para conocer las acciones de tutela contra autoridades nacionales. También se mantiene el papel de la Corte Constitucional en su función de control constitucional en sede de revisión, garantizando la supervisión del cumplimiento de los derechos fundamentales. El Ministerio de Justicia y del Derecho es la entidad emisora responsable de este decreto, que se inscribe en el marco normativo que regula la administración de justicia en Colombia, y busca fortalecer la autonomía y desconcentración funcional del sistema judicial.

Información adicional y participación ciudadana

El proyecto de decreto se encuentra en etapa de publicación oficial para su entrada en vigencia al día siguiente de su promulgación. Aunque en el texto no se especifica un periodo formal de comentarios o participación ciudadana, se recomienda a los interesados revisar los medios oficiales del Ministerio de Justicia y del Derecho para acceder al texto completo y posibles convocatorias para observaciones o aportes. Esta reforma normativa responde a sentencias y autos recientes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que han definido límites y criterios respecto a la competencia territorial y funcional en materia de tutela, buscando siempre garantizar el acceso efectivo a la justicia y la imparcialidad en la administración judicial.