Contexto y entidad emisora

La Resolución 50-000-048-2025, publicada en el Diario Oficial No. 53.143 el 9 de junio de 2025, fue emitida por la Dirección Territorial Meta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta entidad es la máxima autoridad catastral nacional encargada de la formación, actualización y conservación del catastro en Colombia. En este caso particular, el IGAC asume la gestión catastral en el municipio de Calamar, Guaviare, ante la ausencia de un gestor catastral local habilitado.

Objeto y destinatarios de la resolución

El tema principal de la resolución es la orden para iniciar el proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y la formación catastral en la zona rural de Calamar. El enfoque multipropósito implica que la información catastral no solo servirá para aspectos fiscales, sino también para apoyar la seguridad jurídica, el ordenamiento territorial, la planificación pública y la eficiencia del mercado inmobiliario. El destinatario principal de esta resolución es la comunidad del municipio de Calamar, incluyendo tanto a los propietarios de inmuebles como a las autoridades locales, quienes se beneficiarán de información catastral actualizada y confiable. Además, se establecen protocolos especiales para la interacción con Pueblos Indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras presentes en la zona, garantizando la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada.

Objetivo y fundamentos legales

El objetivo de la resolución es ordenar formalmente el inicio de los procesos técnicos y administrativos necesarios para actualizar y formar el catastro en la jurisdicción mencionada, conforme a la normatividad vigente. Se busca rectificar o incorporar cambios en la información catastral, adaptándose a las mutaciones físicas, jurídicas y económicas de los inmuebles, lo que es indispensable para la correcta gestión pública y privada del territorio. Esta resolución se fundamenta en un amplio marco normativo, entre ellos: - La Ley 14 de 1983, que establece la responsabilidad de las autoridades catastrales en la formación y actualización del catastro. - La Ley 1450 de 2011, que fija el plazo máximo de cinco años para actualizar catastros municipales y la corresponsabilidad financiera de las entidades territoriales. - La Ley 1955 de 2019 y su modificación por la Ley 2294 de 2023, que definen la gestión catastral como un servicio público integral con enfoque multipropósito. - El Decreto 846 de 2021, que regula las funciones y estructura del IGAC, incluyendo sus direcciones territoriales. - Las resoluciones IGAC 1040 de 2023 y 746 de 2024, que establecen los actos administrativos obligatorios para procesos catastrales. - El Decreto 148 de 2020, que define el catastro multipropósito y los procedimientos para su gestión.

Decisiones y regulaciones principales

La resolución ordena específicamente: 1. El inicio del proceso de actualización catastral en la zona urbana y de formación catastral en la zona rural de Calamar, conforme a la normatividad técnica y jurídica aplicable. 2. La ejecución de las actividades conforme a las Resoluciones 1040 de 2023 y 746 de 2024, que regulan los procedimientos y actos administrativos relacionados. 3. La implementación de mecanismos de consulta previa con Pueblos Indígenas y comunidades étnicas presentes en el territorio, respetando sus derechos y protocolos. 4. La remisión de copias del acto administrativo a la Dirección de Gestión Catastral del IGAC, a la alcaldía de Calamar y a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), esta última encargada de la inspección, vigilancia y control del servicio público catastral. 5. La publicación de la resolución en el Diario Oficial para su conocimiento público y cumplimiento. Además, se establece que el proceso debe respetar plazos y procedimientos previstos en la legislación vigente, y que contra esta resolución no proceden recursos administrativos, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Impacto potencial y relevancia

La actualización y formación del catastro en Calamar representan un paso fundamental para mejorar la gestión territorial y la seguridad jurídica en la región. Un catastro multipropósito actualizado facilita la planificación urbana y rural, optimiza la recaudación fiscal local y protege los derechos de propiedad de los ciudadanos. Asimismo, al incluir la perspectiva intercultural y mecanismos de consulta previa, la resolución garantiza un enfoque respetuoso y participativo con las comunidades étnicas, fortaleciendo la inclusión y el reconocimiento de sus territorios. Finalmente, al asumir el IGAC la gestión catastral en ausencia de un gestor local, se asegura la continuidad del servicio público esencial para el desarrollo territorial y económico. Esta acción contribuye a cumplir con los compromisos legales y a fortalecer la capacidad institucional en el país.