El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, resolvió una acción de tutela que buscaba anular una sentencia previa que protegía el derecho fundamental a la información respecto a la transmisión de los consejos de ministros.

Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta para dejar sin efectos la sentencia proferida en el marco de una tutela promovida contra la Presidencia de la República. Dicha sentencia ordenó abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de canales privados de televisión, el canal Uno y canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, limitando la difusión a los canales oficiales nacionales. El demandante argumentó que esta decisión vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a información veraz e imparcial y la participación democrática. Sostuvo además que existen múltiples canales y aplicaciones móviles que permiten la visualización de diversos contenidos y que la orden judicial le restringía injustamente la libertad de elección para acceder a la información.

Trámite procesal y argumentos de las partes

Durante el proceso, diversas entidades como la Presidencia de la República, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y algunos canales privados de televisión, intervinieron defendiendo la legalidad y constitucionalidad de la sentencia cuestionada. Se señaló que la decisión se ajusta a las normas vigentes y que la transmisión de los consejos de ministros sigue siendo accesible a través de canales oficiales y plataformas en línea. Además, se destacó que la acción de tutela presentada no cumplía con los requisitos de procedencia al no agotarse previamente los mecanismos ordinarios y no demostrarse la existencia de un perjuicio irremediable. Se recordó que, en casos de tutela contra providencias judiciales en trámite, el mecanismo es excepcional y debe cumplir condiciones estrictas.

Consideraciones y decisión

El Consejo de Estado concluyó que la acción de tutela era improcedente por falta de subsidiariedad, dado que el proceso judicial que originó la sentencia impugnada aún está en curso y existen otros mecanismos para resolver la controversia. Además, no se acreditó un perjuicio grave e irremediable que justifique el uso del amparo constitucional de manera transitoria. Se destacó que el demandante contaba con diversas opciones para acceder a los consejos de ministros, incluyendo los canales oficiales de televisión y plataformas digitales como páginas web y canales de YouTube, desde donde se transmiten en vivo o se puede acceder a la grabación de estas sesiones. Por estas razones, la Sala de lo Contencioso Administrativo declaró improcedente la acción de tutela y ordenó notificar a las partes. Asimismo, se indicó que, de no ser impugnada, la actuación será enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta decisión reafirma la importancia del agotamiento de los mecanismos ordinarios antes de acudir al juez constitucional y confirma la vigencia del proceso judicial principal como escenario adecuado para la resolución de controversias relacionadas con derechos fundamentales y su protección, garantizando así un equilibrio entre el acceso a la información pública y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de transmisión audiovisual.