El 6 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió admitir la demanda de nulidad electoral presentada contra el Senado de la República. La demanda cuestiona la votación realizada en la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, en la que se negó la propuesta de convocatoria a una consulta popular nacional presentada por el presidente de la República.

Fundamentos y argumentos de la demanda

La demanda argumenta que durante la sesión plenaria no se leyó la proposición que sería sometida a debate y votación, lo cual contraviene las disposiciones legales previstas en la Ley 5 de 1992 y afecta el debido proceso constitucional. Además, se alega la participación indebida de un senador cuya pérdida de investidura estaba decretada, la falta de trámite adecuado de recusaciones e impedimentos, y la ausencia de certificación del quórum decisorio previo a la votación.

Adecuación del medio de control y competencia

El Consejo de Estado determinó que la demanda inicialmente presentada bajo el medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) debe adecuarse al medio de control de nulidad del artículo 137 del mismo código. Esto se debe a que la votación controvertida corresponde a un acto definitivo de contenido electoral que no declara elección ni nombramiento, sino que refiere a la decisión sobre un mecanismo de participación ciudadana. Se confirmó la competencia de la Sala Quinta para conocer del caso, conforme a las normas internas del Consejo de Estado y la naturaleza del acto administrativo cuestionado.

Trámite procesal y notificaciones

Con la admisión de la demanda, se ordenó notificar personalmente al presidente del Senado de la República y al agente del Ministerio Público. Asimismo, se informó que el Senado tiene un plazo de 30 días para contestar la demanda. También se dispuso comunicar al presidente de la República y al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la existencia del proceso. Esta decisión abre la vía para que el Consejo de Estado realice el análisis de fondo sobre la legalidad de la votación que negó la consulta popular, un mecanismo de participación democrática contemplado en la Constitución y la ley. Este proceso judicial es relevante dado que involucra la legitimidad de procedimientos legislativos y la garantía de derechos políticos y participativos en Colombia. Se espera que en las próximas semanas se desarrollen las audiencias y se avance en el estudio detallado de los argumentos presentados por las partes, con el fin de garantizar la transparencia y el respeto a la normativa vigente en materia electoral y constitucional.