Contexto y marco normativo

El proyecto de decreto fue anunciado en 2025 por el Ministerio TIC, entidad responsable de regular el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. Esta iniciativa modifica el Decreto 1078 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector TIC, específicamente en sus artículos 2.2.30.9 y 2.2.30.17, que regulan el despliegue y regularización de infraestructura de telecomunicaciones. Este proyecto surge como respuesta a las disposiciones establecidas en la Ley 1753 de 2015, artículo 193, modificado por la Ley 2294 de 2023, que facultan al Ministerio TIC, con el apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a reglamentar un procedimiento único para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Este procedimiento busca garantizar el acceso universal a los servicios públicos soportados en dicha infraestructura, respetando el principio de autonomía territorial. En desarrollo de este mandato, en 2024 se expidió el Decreto 1031, que adicionó el Título 30 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078, estableciendo el procedimiento único para el despliegue de redes e infraestructura TIC. Sin embargo, tras un periodo inicial de aplicación, diversas entidades territoriales y actores de la industria presentaron observaciones sobre aspectos relacionados con la regularización de infraestructura y el funcionamiento del Portal Único de Despliegue, lo que motivó la elaboración del presente proyecto de decreto.

Propósito y alcance del proyecto de decreto

El propósito principal del proyecto es optimizar y aclarar el procedimiento para el despliegue y regularización de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia, facilitando la gestión administrativa tanto para los proveedores de servicios y redes de telecomunicaciones como para las entidades territoriales encargadas de su control y autorización. Entre los sectores afectados se encuentran los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, las autoridades territoriales —como alcaldías y gobernaciones— y la ciudadanía en general, que se beneficiará de un acceso más eficiente y transparente a los servicios de telecomunicaciones.

Modificaciones y medidas clave propuestas

El proyecto contempla varias modificaciones relevantes. En primer lugar, se ajusta el artículo 2.2.30.9 para establecer que la solicitud de autorización para el despliegue de redes e infraestructura debe realizarse mediante un formulario único dispuesto por el Ministerio TIC, que podrá presentarse tanto por medios electrónicos como presenciales, según lo determine cada entidad territorial. En cuanto al artículo 2.2.30.17, se amplía el plazo para que los proveedores regularicen infraestructuras instaladas sin la debida autorización hasta el 30 de junio de 2026. Este plazo busca facilitar la regularización de redes existentes sin autorización previa, permitiendo que las solicitudes se tramiten conforme a la normativa local vigente o, en su defecto, al procedimiento único nacional establecido en el Decreto 1078 de 2015. Además, se detallan los requisitos para la regularización, incluyendo la presentación de información técnica precisa sobre la infraestructura instalada, como ubicación, dimensiones, características de las estructuras soporte y especificaciones de los equipos, con el fin de evaluar el cumplimiento de requisitos ambientales, urbanísticos y de seguridad. También se elimina la obligación de crear un Portal Único de Despliegue de Infraestructura TIC, considerada una plataforma redundante y costosa, en línea con la política de Gobierno Digital y la racionalización de trámites.

Acciones y disposiciones específicas

El proyecto establece que las solicitudes de autorización y regularización deben presentarse ante la entidad territorial competente, que podrá gestionar el trámite a través de medios electrónicos o presenciales. En los territorios donde no exista regulación local sobre despliegue y regularización, las entidades podrán acogerse al procedimiento nacional, garantizando que no se aplique el silencio administrativo positivo, es decir, que la ausencia de respuesta no se interprete como aprobación tácita. Para facilitar la armonización normativa, el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones brindarán asistencia técnica a las entidades territoriales que lo requieran, apoyando la formulación de normativas locales coherentes con el marco nacional y los objetivos de política pública. Finalmente, el decreto modifica y deroga ciertas disposiciones específicas del Decreto 1078 de 2015 para adecuar el marco regulatorio a las nuevas medidas propuestas.

Participación de actores clave

La implementación y supervisión de las disposiciones recaerán principalmente en las entidades territoriales responsables, como alcaldías mayores y distritales de ciudades capitales, que deberán gestionar las autorizaciones y regularizaciones conforme a la normativa vigente. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio TIC actuarán como entidades de apoyo técnico y regulatorio. Durante el proceso de elaboración del proyecto, se recibieron observaciones y propuestas de mejora de diferentes actores, incluyendo alcaldías de ciudades importantes y gremios del sector de telecomunicaciones, lo que enriqueció el análisis técnico-jurídico y permitió ajustar la propuesta normativa.

Información adicional y participación ciudadana

El proyecto de decreto fue publicado para comentarios y observaciones entre el 15 de febrero y el 4 de marzo de 2025 en la plataforma de participación ciudadana del Ministerio TIC. Durante este periodo, la ciudadanía, entidades territoriales y gremios tuvieron la oportunidad de enviar sus opiniones y propuestas, las cuales fueron consideradas para la versión final del decreto. Este mecanismo de participación refleja el compromiso del Ministerio TIC con la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones regulatorias que impactan el desarrollo del sector de telecomunicaciones y el acceso a servicios esenciales para la población.

Conclusión

El proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones busca fortalecer y aclarar el marco regulatorio para el despliegue y regularización de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia, promoviendo la eficiencia administrativa, la armonización normativa y la participación de las entidades territoriales. La ampliación de plazos para la regularización y la eliminación de plataformas redundantes son medidas orientadas a facilitar la prestación de servicios de telecomunicaciones de calidad y el acceso universal para los colombianos. La publicación y apertura al público del proyecto constituyen una oportunidad para que diferentes sectores de la sociedad contribuyan a la construcción de una regulación más efectiva y adaptada a las necesidades actuales del país en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. Con estas modificaciones, se espera consolidar un entorno regulatorio que impulse la conectividad, la innovación y el desarrollo sostenible en el sector TIC, beneficiando a toda la población colombiana.