Contexto y antecedentes

En sentencias previas, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido a violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables, como la población firmante del acuerdo de paz y la población desplazada por el conflicto armado. Estas sentencias ordenaron medidas estructurales para garantizar la seguridad y atención efectiva a dichas poblaciones. A comienzos de 2025, se reportó una crisis humanitaria en el Catatumbo con más de 57.000 desplazados forzados, asesinatos y desapariciones, incluyendo víctimas firmantes del acuerdo de paz. Ante esta situación, las salas especiales emitieron un auto ordenando la recopilación de información sobre las medidas institucionales adoptadas y su eficacia para atender esta emergencia.

Objetivos de la visita territorial y jornadas de diálogo

Con el fin de complementar el análisis documental, las salas especiales han decidido realizar una visita territorial que permita un diálogo directo con las víctimas, organizaciones civiles y autoridades locales y departamentales. Esta aproximación busca visibilizar las voces históricamente excluidas y fortalecer la interlocución para mejorar la respuesta institucional. El 16 de junio de 2025 se realizará una jornada de diálogo por separado con organizaciones de víctimas, sociedad civil y población firmante del acuerdo de paz. La Corte ordenó garantizar la participación representativa de delegados de mesas de participación efectiva de víctimas de varios municipios de Norte de Santander. El 17 de junio de 2025 se efectuará una segunda jornada con autoridades municipales, departamentales, organismos de control y organizaciones internacionales presentes en la región. El objetivo es identificar barreras en la prevención y atención de emergencias humanitarias, evaluar mecanismos de coordinación institucional y discutir medidas para garantizar una respuesta estatal oportuna y articulada.

Medidas adicionales y seguimiento

Las salas especiales comisionarán magistradas auxiliares para realizar visitas a albergues, refugios y espacios territoriales de capacitación y reincorporación en la región, con el fin de recaudar material probatorio complementario. Además, se ordenó disponer de medios para la grabación de las jornadas de diálogo. Las autoridades y organizaciones convocadas incluyen alcaldes de municipios clave, gobernador de Norte de Santander, personerías municipales, Defensoría del Pueblo, Agencia para la Reincorporación y Normalización, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, sección de ausencia de reconocimiento de la JEP, así como organizaciones internacionales como ACNUR, CICR y la Misión de Verificación de la ONU.