Contexto y marco normativo

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia anunció el Proyecto de Decreto número de 2025, publicado para consulta entre el 28 de mayo y el 11 de junio de 2025, el cual propone sustituir el Capítulo 3 del Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015. Este decreto único reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, había establecido anteriormente los procedimientos para la dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas. Este proyecto surge en un contexto donde la Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural del país y protege la autonomía territorial de los pueblos indígenas. En particular, se fundamenta en el respeto a los derechos territoriales consagrados en la Ley 21 de 1991, que adopta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Además, responde a las directrices de la Corte Constitucional que ha enfatizado la necesidad de reforzar mecanismos para la protección efectiva de los derechos territoriales de estos pueblos, especialmente frente a situaciones de vulnerabilidad causadas por el conflicto armado y otras amenazas.

Propósito y alcance del proyecto de decreto

El principal objetivo del proyecto es modificar y actualizar el procedimiento administrativo para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas en Colombia. Se busca facilitar el goce efectivo del derecho fundamental al territorio colectivo, garantizando estándares de seguridad jurídica, el debido proceso y el respeto a los derechos de terceros. El proyecto está dirigido a comunidades indígenas, autoridades tradicionales, cabildos, organizaciones indígenas y entidades públicas involucradas en la administración de tierras. También involucra a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y otros organismos vinculados a la gestión territorial y ambiental.

Modificaciones y novedades principales

El proyecto sustituye el capítulo referido en el Decreto 1071 de 2015, simplificando y modernizando las disposiciones para los trámites de constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas. Entre los cambios relevantes se encuentran: - Inicio del trámite: El procedimiento podrá iniciarse de oficio por la autoridad de tierras o a solicitud de entidades públicas, cabildos, autoridades tradicionales o comunidades indígenas organizadas. - Requisitos de solicitud: Se exige información básica sobre la ubicación, acceso, número de familias, croquis del área y datos de contacto para notificaciones. La autoridad de tierras deberá brindar apoyo para complementar la información si es necesario. - Conformación del expediente: Se establece la creación inmediata de un expediente que contendrá la documentación inicial y complementaria, actuaciones administrativas y comunicaciones. Se facilita el traslado de medios de convicción entre procedimientos para promover eficacia y economía. - Visita a terreno: Se establece que la visita a la comunidad y al área solo será necesaria cuando la información secundaria sea insuficiente. La visita deberá ser ordenada formalmente, notificada a actores claves y documentada en acta que incluya aspectos geográficos, demográficos y etnográficos. - Pronunciamiento ambiental: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá emitir concepto sobre el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad dentro de un plazo máximo de 30 días, en los procedimientos que involucren ampliación, reestructuración o saneamiento. - Publicación y notificación: Se detallan mecanismos para dar publicidad a las pretensiones territoriales, incluyendo edictos en alcaldías o secretarías de gobierno en zonas no municipalizadas, y notificación a las comunidades y procuradurías agrarias. - Decisión administrativa: El Consejo Directivo de la autoridad de tierras tomará la decisión final dentro de los 30 días siguientes a la elaboración del estudio técnico y social. El acto administrativo será título traslaticio de dominio para los inmuebles adquiridos, que será inscrito en el registro de instrumentos públicos. - Entrega material de tierras: Se formaliza la entrega gratuita de predios y mejoras a las comunidades indígenas para su administración y distribución conforme a sus usos y costumbres. - Función social y ecológica: Se establece el seguimiento y concertación con las comunidades sobre el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, con acciones correctivas en caso de incumplimiento atribuible a las comunidades y estrategias coordinadas cuando las causas sean externas o por fuerza mayor. - Procedimientos especiales para predios privados: Se contempla la compra directa mediante oferta voluntaria del propietario para predios privados involucrados en los procedimientos, agilizando la formalización territorial.

Acciones y disposiciones establecidas

El proyecto establece que la autoridad de tierras debe actuar con diligencia para facilitar el acceso, simplificar trámites y garantizar la participación de las comunidades indígenas en todas las etapas del procedimiento. Se promueve la utilización de métodos indirectos y tecnologías para el levantamiento de información, así como la consolidación del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras (ESJTT). Asimismo, se promueve la coordinación interinstitucional entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades para asegurar una gestión integral del territorio indígena y el respeto a sus derechos colectivos.

Participación de actores clave

El proyecto involucra a diversas entidades públicas y comunidades indígenas. La autoridad de tierras tiene un rol central en la administración y ejecución de los procedimientos. El Ministerio del Interior participa como solicitante y garante de los derechos indígenas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aporta certificaciones ambientales y seguimiento a la función ecológica. Además, la Procuraduría Agraria y las alcaldías tienen funciones de vigilancia y publicidad. Las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales participan activamente en la solicitud, acompañamiento y seguimiento de los procedimientos, garantizando el respeto a sus derechos y usos culturales.

Participación ciudadana e información adicional

El proyecto fue publicado en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) y en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante el período comprendido entre el 28 de mayo y el 11 de junio de 2025, permitiendo a ciudadanos y grupos de interés enviar comentarios y observaciones. Este mecanismo de consulta pública refleja el compromiso del gobierno colombiano con la transparencia y la inclusión en la elaboración de normativas que afectan a comunidades indígenas y al ordenamiento territorial.

Conclusión

Con este proyecto de decreto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca modernizar y hacer más eficiente el procedimiento para la dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas en Colombia. La iniciativa responde a mandatos constitucionales, jurisprudenciales y compromisos internacionales para garantizar los derechos territoriales colectivos, promover la seguridad jurídica, la participación activa de las comunidades y la protección ambiental. La implementación de estas disposiciones promete fortalecer la autonomía indígena y contribuir a la preservación de la diversidad étnica y cultural, elementos fundamentales para la construcción de una nación pluralista y respetuosa de los derechos humanos. Con estas reformas, se espera consolidar un marco normativo que facilite el acceso equitativo a la tierra, impulse el desarrollo sostenible de los resguardos indígenas y garantice la protección integral de sus territorios frente a amenazas externas.