Objeto y Naturaleza del Acuerdo

El Acuerdo 471 de 2025 es un acto administrativo de tipo distrital expedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el 30 de abril de 2025, publicado en el Diario Oficial No. 53.151 el 16 de junio de 2025. Su propósito principal es la constitución del Resguardo Indígena Awá Unión La Dorada Pi Ishpul, mediante la formalización territorial de un predio privado de propiedad colectiva de la comunidad indígena Awá, ubicado en el municipio de San Miguel, Putumayo. Este acuerdo tiene como finalidad garantizar el derecho al territorio de la comunidad Awá, asegurando la permanencia física y cultural del pueblo en su territorio ancestral. De esta manera, se busca fortalecer la autonomía, la identidad cultural, y promover el desarrollo social y económico sostenible basado en usos y costumbres propias.

Ámbito de Aplicación y Entidades Involucradas

El acuerdo aplica territorialmente al predio denominado El Naranjito, con una extensión total de una hectárea con cinco mil metros cuadrados (1 ha + 5000 m²), ubicado en la vereda San Juan Bosco del municipio de San Miguel, Putumayo. La constitución del resguardo se realiza en beneficio de la comunidad indígena Awá Unión La Dorada Pi Ishpul, una parcialidad del pueblo Awá, reconocido por su arraigo ancestral en la región. La Agencia Nacional de Tierras es la entidad responsable de la gestión, coordinación y expedición del acto administrativo, en ejercicio de sus competencias legales conferidas por diversas normas, entre ellas la Ley 160 de 1994 y el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. A lo largo del proceso, se contó con la participación de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT y del Amazon Conservation Team, entidad técnica encargada de realizar visitas y estudios en territorio.

Principales Disposiciones y Compromisos

El acuerdo establece que el predio El Naranjito adquiere la calidad de resguardo indígena con carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, conforme al artículo 63 de la Constitución Política de 1991 y la normativa vigente. Esto implica que la propiedad es colectiva y no puede ser enajenada, arrendada o hipotecada por los miembros de la comunidad, asegurando la protección jurídica del territorio. La administración del resguardo estará a cargo del cabildo indígena o la autoridad tradicional, quienes ejercerán su manejo conforme a los usos y costumbres del pueblo Awá y en cumplimiento de las leyes 89 de 1890 y 160 de 1994. Además, el cabildo deberá elaborar un cuadro de asignación de solares dentro del resguardo para las familias de la parcialidad, promoviendo una distribución equitativa de la tierra. El acuerdo también contempla la exclusión expresa de bienes de uso público, como las rondas hídricas, cauces permanentes de ríos, caminos, plazas y puentes, en atención a la legislación ambiental y civil. La comunidad deberá respetar estas áreas y desarrollar actividades económicas compatibles con la conservación ambiental y la función social y ecológica de la propiedad.

Impacto Potencial en la Comunidad y el Territorio

La constitución del Resguardo Indígena Awá Unión La Dorada Pi Ishpul representa un paso fundamental para la garantía de los derechos territoriales del pueblo Awá, un grupo étnico que históricamente ha enfrentado múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, la presencia de economías ilegales y la vulneración de sus derechos fundamentales. Este reconocimiento formal del territorio fortalece la autonomía de la comunidad, permitiendo la continuidad de sus prácticas culturales, espirituales y productivas en armonía con su cosmovisión. Además, contribuye a la protección del medio ambiente y la biodiversidad local, dado que la comunidad mantiene una relación sostenible con la naturaleza mediante cultivos tradicionales y prácticas ancestrales de conservación. Desde un punto de vista social y político, el acuerdo promueve la cohesión interna y la gobernanza del pueblo Awá a través del cabildo indígena, consolidando su representación y capacidad para gestionar el territorio y defender sus derechos.

Sustento Legal y Procedimiento Administrativo

El Acuerdo está fundamentado en un sólido marco normativo que incluye la Constitución Política de 1991, la Ley 160 de 1994, el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, el Decreto Ley 2363 de 2015 y el Convenio 169 de la OIT, entre otros. Este marco reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, protege los derechos territoriales de los pueblos indígenas y establece competencias para la ANT en materia de formalización y constitución de resguardos. El procedimiento de constitución se desarrolló conforme a las etapas reglamentarias, incluyendo la solicitud inicial de la comunidad, apertura de expediente, visitas técnicas para el levantamiento de estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras (ESJTT), etapa de publicidad con publicación de edictos en alcaldías municipales, y solicitud de concepto previo al Ministerio del Interior, cuyo silencio administrativo fue interpretado como favorable. Se realizaron análisis técnicos y cartográficos para evaluar linderos, posibles traslapes con áreas protegidas, bienes de uso público, frontera agrícola y otros aspectos ambientales y legales, asegurando la viabilidad jurídica del predio para constituir el resguardo.

Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

El acuerdo prevé que el cabildo o autoridad tradicional ejerza la administración y manejo del resguardo bajo principios de función social y ecológica, en consonancia con los usos y costumbres de la comunidad. La Agencia Nacional de Tierras tiene la facultad de revisar y reglamentar la distribución de tierras para asegurar la equidad. Además, se establece el compromiso de la comunidad de elaborar un “Plan de Vida y Salvaguarda” y la zonificación ambiental del territorio para garantizar la conservación de recursos naturales y el cumplimiento de la función social y ecológica. En caso de incumplimientos, el acuerdo señala que podrán iniciarse acciones legales por parte de las autoridades competentes, y la ANT informará a las entidades de control para su intervención.

Conclusión

El Acuerdo 471 de 2025 es un instrumento jurídico de gran relevancia para la comunidad indígena Awá Unión La Dorada Pi Ishpul y para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. La constitución formal del resguardo no solo garantiza la seguridad jurídica del territorio, sino que también promueve la preservación cultural, la autonomía y el desarrollo sostenible de la comunidad. Este acto reafirma el compromiso del Estado colombiano con la diversidad étnica y cultural, en cumplimiento de mandatos constitucionales y normativos, y contribuye al fortalecimiento de la paz territorial y la justicia social en una región históricamente afectada por el conflicto y la vulnerabilidad. La experiencia de esta constitución puede servir de referente para otros procesos similares en favor de los pueblos indígenas del país, consolidando así un modelo de reconocimiento y respeto hacia las comunidades ancestrales y sus territorios.Regístrate para ver el contenido completo