Propósito general y objetivo principal del proyecto de resolución

El proyecto de resolución del Ministerio de Transporte tiene como propósito reglamentar los requisitos contemplados en el artículo 183 de la Ley 2294 de 2023, que faculta a la Nación para cofinanciar hasta el 50% de ciertas inversiones en sistemas de transporte público en operación, siempre que hayan sido cofinanciados previamente por el Gobierno nacional. El objetivo principal radica en apoyar la sostenibilidad de estos sistemas, garantizando que continúen operando en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia para los usuarios. Esta iniciativa tiene como beneficiarios a los entes territoriales, entes gestores y, en última instancia, a la ciudadanía usuaria del transporte público.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto establece un marco normativo detallado para la presentación, evaluación y aprobación de solicitudes de cofinanciación. Entre las nuevas disposiciones, se incluyen: - La solicitud formal de cofinanciación ante el Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte, donde el ente territorial debe identificar claramente el sistema de transporte público y los componentes o modos para los cuales se solicita la cofinanciación. - La definición precisa de las inversiones susceptibles de ser cofinanciadas, tales como infraestructura física, sistemas inteligentes de transporte (recaudo, gestión y control de flota), vehículos automotores de cero o bajas emisiones vinculados a la operación, material rodante para sistemas férreos, y vehículos auxiliares para operación y mantenimiento. - La exclusión de inversiones que ya hayan sido incluidas en convenios de cofinanciación anteriores o que se incorporen posteriormente en la tarifa técnica o al usuario, evitando así la doble financiación.

Requisitos específicos y procedimientos para acceder a la cofinanciación

El proyecto detalla un conjunto riguroso de requisitos para acceder a la cofinanciación: 1. Operación previa y cofinanciación existente: El sistema debe estar en operación y haber recibido cofinanciación previa de la Nación. 2. Auditoría externa especializada: Se exige la presentación de una auditoría externa que certifique la identificación y necesidad de recursos para las inversiones solicitadas. 3. Estrategia de mejoramiento de calidad: La entidad territorial junto con el ente gestor deben presentar una estrategia con indicadores de calidad orientada a garantizar la sostenibilidad operacional del sistema, incluyendo un cronograma de acciones y el monitoreo de indicadores definidos en normativas vigentes. 4. Actualización catastral y captura de valor del suelo: Se requiere la actualización completa del catastro en las zonas de ubicación del proyecto y la implementación de instrumentos de captura de valor del suelo, como plusvalía o valorización, vinculados al sistema de transporte. 5. Estudios técnicos y financieros: Los proyectos deben contar con estudios aprobados que incluyan propuestas de modificación de la tarifa técnica, políticas tarifarias, planes de financiación de costos operacionales y análisis de capacidad fiscal territorial para garantizar la viabilidad financiera. 6. Documento CONPES y registro en Banco de Proyectos: Es necesario contar con un documento CONPES que defina el sistema y esquema de cofinanciación y registrar el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. 7. Sostenibilidad del ente gestor: Se debe acreditar la sostenibilidad financiera y administrativa del ente gestor del sistema, incluyendo acuerdos de capitalización o subvención en caso de compromisos de sostenibilidad. El procedimiento contempla la validación inicial por parte del Grupo UMUS, la supervisión y seguimiento de los documentos y requisitos, y la suscripción de un convenio de cofinanciación que establecerá las condiciones y plazos para el desembolso de los recursos.

Impacto y alcance potencial del proyecto

El proyecto de resolución busca fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa de los sistemas de transporte público en Colombia, contribuyendo a que estos servicios se mantengan en funcionamiento con altos estándares de calidad y eficiencia. Al cofinanciar inversiones en infraestructura y tecnología, se espera mejorar la experiencia de los usuarios y fomentar la modernización del sector transporte, especialmente en sistemas que ya cuentan con apoyo estatal previo. Además, la incorporación de tecnologías vehiculares de cero o bajas emisiones evidencia un compromiso con la sostenibilidad ambiental. La actualización catastral y la implementación de instrumentos de captura de valor del suelo también promueven una estrategia integral para financiar el transporte público y su entorno, alineándose con objetivos de desarrollo urbano sostenible. Esta reglamentación es fundamental para que los entes territoriales y gestores de sistemas de transporte público puedan planificar, solicitar y gestionar recursos de manera ordenada, transparente y conforme a criterios técnicos y financieros sólidos, lo que a su vez favorece la confianza en el uso eficiente de los recursos públicos.

Participación de actores clave

El proceso involucrará principalmente a los entes territoriales y entes gestores de los sistemas de transporte público, quienes deberán cumplir con los requisitos y presentar la documentación requerida para acceder a la cofinanciación. El Ministerio de Transporte, a través del Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, será el encargado de validar, supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público participarán en la evaluación financiera y técnica de las solicitudes para garantizar la viabilidad y respaldo presupuestal. La colaboración entre estas entidades públicas es esencial para asegurar la correcta asignación y uso de los recursos destinados a la sostenibilidad del sector transporte.

Conclusión

Con esta resolución, el Ministerio de Transporte establece un marco claro y riguroso para la cofinanciación de sistemas de transporte público en operación, contribuyendo a la mejora continua y sostenibilidad del servicio. La normativa promueve la transparencia, la planificación técnica y financiera adecuada, y el compromiso de las entidades territoriales, en beneficio de la movilidad urbana y regional en Colombia. De esta manera, se fortalece no solo el sector transporte, sino también el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos que dependen diariamente de estos servicios.