Contexto y marco legal de la resolución

La Resolución 40267 de 2025, publicada en el Diario Oficial No. 53.152 el 17 de junio de 2025, fue expedida conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía. Esta norma responde a la facultad legal conferida a estas entidades para regular aspectos relacionados con el mercado de combustibles líquidos derivados del petróleo, especialmente en zonas de frontera. El fundamento jurídico de esta regulación se encuentra en diversas normas nacionales, entre ellas la Ley 26 de 1989, que permite al Gobierno determinar precios y otras condiciones para la distribución de combustibles. También se basa en la Ley 191 de 1995, que establece regímenes especiales para zonas de frontera con el fin de promover su desarrollo económico. Así mismo, las leyes 1430 de 2010, 1955 de 2019 y 2135 de 2021, junto con sus modificaciones, otorgan a los ministerios la competencia para fijar las metodologías tarifarias y los precios aplicables a la distribución de combustibles en estos territorios.

Objeto y destinatarios de la regulación

El objetivo principal de esta resolución es fijar el precio máximo de referencia para la venta al público de dos tipos de combustibles: la gasolina motor corriente oxigenada y el ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, que se distribuyan en los municipios del departamento de Nariño, especialmente aquellos considerados zonas de frontera. Esto busca garantizar que los precios sean coherentes con las estructuras tarifarias vigentes y con las modificaciones recientes en los ingresos al productor de combustibles fósiles y biocombustibles. El público destinatario de esta regulación incluye tanto los distribuidores y comercializadores de combustibles en Nariño como los consumidores finales en estos municipios. La atención a estas zonas es relevante debido a su condición de frontera, donde las condiciones económicas y sociales requieren esquemas tarifarios especiales que fomenten la estabilidad y el acceso a combustibles a precios justos.

Decisiones y disposiciones principales

La resolución establece precios máximos de referencia concretos para el municipio de Pasto, como ejemplo representativo, fijando en 14.000 pesos colombianos por galón el precio máximo para la gasolina motor corriente oxigenada y en 9.888 pesos por galón para el ACPM mezclado con biocombustible. Estos precios aplican exclusivamente al volumen máximo de combustible sujeto a beneficios tributarios asignado a ese municipio. Además, se prevé la posibilidad de reajustar estos precios en dos circunstancias principales: cuando se modifique el porcentaje de mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles, y ante la eventualidad de contingencias que afecten la continuidad del suministro, como podría ser la aparición de fuentes alternativas de abastecimiento. Para los demás municipios del departamento de Nariño, la resolución remite a las disposiciones previas y a los valores que cada autoridad municipal establezca para el transporte desde la planta mayorista hasta las estaciones de servicio, manteniendo la consideración sobre los beneficios tributarios y volúmenes máximos asignados.

Impacto y vigencia

Con esta regulación, los ministerios buscan armonizar la estructura de precios con los cambios recientes en los ingresos al productor, tanto para combustibles fósiles como para biocombustibles, fortaleciendo así la regulación en las zonas de frontera y asegurando un suministro estable y precios razonables para los consumidores. Esto se enmarca en una política pública que promueve la estabilidad del mercado energético y la protección de los derechos de los usuarios en regiones estratégicas del país. La resolución entra en vigencia a partir del 17 de junio de 2025, y deroga expresamente la Resolución número 40201 del 6 de mayo de 2025, ajustando así el marco normativo vigente para el sector de combustibles en Nariño.

Conclusiones

La Resolución 40267 de 2025 representa una medida clave para la regulación de precios de combustibles en zonas de frontera del departamento de Nariño, que responde a mandatos legales y a la necesidad de proteger el mercado y a los consumidores en condiciones económicas especiales. Mediante la fijación de precios máximos de referencia y la posibilidad de ajustes en casos específicos, se promueve la transparencia y la continuidad del suministro en una región estratégica para el país. Esta regulación es un ejemplo de la intervención estatal dirigida a equilibrar intereses económicos, sociales y energéticos, y su seguimiento será fundamental para analizar su impacto en el mercado local y en la estabilidad de los precios para los usuarios finales. Para acceder a la resolución completa, puede consultarse el Diario Oficial No. 53.152 del 17 de junio de 2025.