El Servicio Nacional de Aprendizaje presentó una demanda de nulidad contra el acta de grado y el diploma con número de registro correspondiente, emitidos el 20 de diciembre de 2022, que otorgaron el título de técnico en cocina. La acción fue interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, declaró admisible la demanda conforme a lo establecido en los artículos 161 a 166 de la Ley 1437. Esta admisión implica que el proceso judicial seguirá su curso con las siguientes disposiciones:

Notificaciones y etapas procesales

Se ordenó notificar la providencia por estado a la parte actora, así como notificación personal a la persona con interés directo en el resultado del proceso y al Ministerio Público. Además, se comunicará al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la existencia del proceso y se remitirá copia electrónica de la providencia junto con la demanda y anexos. De acuerdo con el artículo 172 de la Ley 1437, se correrá traslado de la demanda al tercero con interés directo, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que contesten la demanda, propongan excepciones, soliciten pruebas y, de ser necesario, presenten reconvención en un plazo de treinta días. Durante este término, el Servicio Nacional de Aprendizaje deberá allegar antecedentes de los actos acusados, conforme al parágrafo 1º del artículo 175 de la Ley 1437.

Transparencia y representación

El Consejo de Estado informó que se dará publicidad al proceso mediante publicación en la página web oficial, con el fin de informar a la comunidad sobre el desarrollo del caso. Finalmente, se reconoció formalmente al Servicio Nacional de Aprendizaje como parte demandante y se confirmó la representación judicial correspondiente. Asimismo, se identificó al tercero con interés directo en el resultado del proceso. Esta providencia fue firmada electrónicamente, garantizando su autenticidad e integridad conforme a la legislación vigente. El proceso continuará con el desarrollo de las etapas previstas en la ley, asegurando la debida participación de todas las partes involucradas y el respeto a los derechos jurídicos correspondientes.