El Consejo de Estado, en sesión del 15 de mayo de 2025, decidió revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), para el período constitucional 2024-2027. La decisión se basó en la participación del concejal en la aprobación del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, que estableció beneficios tributarios temporales para el pago de intereses y sanciones tributarias en el municipio.

Antecedentes del caso

La solicitud de pérdida de investidura fue presentada por un ciudadano que argumentó que el concejal incurrió en conflicto de intereses al participar y votar favorablemente en la expedición del mencionado acuerdo, sin declararse impedido, dado que él y algunos familiares directos eran deudores morosos del impuesto predial y podrían haberse beneficiado directamente del acuerdo. El acuerdo aplicaba reducciones en los intereses de mora de impuestos predial unificado y de industria y comercio para contribuyentes morosos, siempre y cuando cancelaran la totalidad de la deuda en plazos establecidos antes del 31 de diciembre de 2024. Por su parte, el concejal negó la existencia de un beneficio directo, argumentando que el acuerdo estaba dirigido a la comunidad en general y que para acceder a los descuentos los contribuyentes debían cumplir requisitos estrictos, como el pago total de la deuda tributaria. Además, señaló que la situación afectaba a un amplio segmento poblacional y que no existía culpabilidad ni intención de obtener ventaja particular.

Fundamentos para la revocatoria

El Consejo de Estado analizó la constitucionalidad y legalidad del acuerdo municipal y el régimen aplicable a los conflictos de intereses para concejales. Destacó que el conflicto de intereses exige la concurrencia de un interés directo, particular y actual del servidor público o sus familiares cercanos en un asunto específico que se debate en la corporación pública, y que este interés no debe ser hipotético ni aplicable en igualdad de condiciones a la comunidad en general. En este caso, el acuerdo municipal estableció beneficios temporales para todos los contribuyentes morosos del impuesto predial unificado y de industria y comercio, sin discriminación o limitación a un grupo reducido. Además, el beneficio no era automático, ya que requería el pago total de la deuda para acceder a la reducción de intereses y sanciones. La Sala también valoró que el interés supuestamente particular del concejal y sus familiares era hipotético y aleatorio, pues no había certeza sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio. Por lo tanto, el Consejo concluyó que el concejal no incurrió en conflicto de intereses, ya que el acuerdo afectaba en igualdad de condiciones a toda la población morosa del municipio, y que su participación y voto no vulneraron el interés general ni los principios de la función pública.

Decisión final

Con base en estos fundamentos, el Consejo de Estado revocó la sentencia que había decretado la pérdida de investidura y denegó la solicitud presentada contra el concejal. La decisión resalta la importancia de distinguir entre beneficios generales para la comunidad y beneficios particulares que configuren un conflicto de intereses, así como la necesidad de un análisis riguroso y contextualizado en cada caso. Esta providencia reafirma los criterios jurisprudenciales sobre el régimen de conflicto de intereses para servidores públicos electos y la protección del interés general en la función pública local. De esta manera, se fortalece la confianza en las instituciones y se garantiza que las sanciones administrativas se apliquen con fundamento claro y adecuado, protegiendo tanto los derechos de los funcionarios como los intereses colectivos de la ciudadanía.