La Comisión Nacional de Disciplina Judicial conoció el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que sancionó con suspensión por cinco meses a un abogado defensor de oficio, por supuestamente no entregar documentos relevantes para la defensa de un procesado penal. Dicha sanción fue impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. El proceso disciplinario tuvo origen en una queja presentada en junio de 2021, en la que se denunciaba una presunta mala defensa y la retención injustificada de documentos entregados por el representado. Entre los hechos, se destacó que el abogado investigado asumió la defensa por un corto período y que posteriormente fue sustituido por otra defensora pública. Durante la investigación, se estableció que los documentos cuestionados fueron enviados al abogado investigado por el cliente mediante mensajes de WhatsApp después de que ya había finalizado su representación. Además, se constató que el profesional informó oportunamente al cliente que debía remitir dichos documentos a la nueva defensora pública asignada, a quien efectivamente entregó la carpeta del caso en el momento de la sustitución. La Comisión resaltó que la falta disciplinaria prevista en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007 se configura cuando un abogado no entrega oportunamente documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, es decir, en el ejercicio de su cargo. En este caso, dado que la entrega de los documentos se produjo cuando el abogado ya no ejercía la defensa, no se configuró la infracción. Además, se destacó que no hubo dolo ni intención de perjudicar al representado, ya que el abogado actuó dentro de los límites de su gestión profesional y facilitó la transición con la defensora pública sucesora. Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial modificó la sentencia de primera instancia, confirmando la absolución respecto a la falta relacionada con la asistencia y asesoría en audiencias, y revocando la sanción impuesta por la supuesta retención de documentos, absolviendo al abogado de esta última. Finalmente, se ordenó notificar la decisión a las partes involucradas y remitir el expediente a la Comisión Seccional para los fines pertinentes. La resolución reafirma la importancia de delimitar el alcance del deber profesional de los abogados y clarifica que la gestión profesional se circunscribe al período efectivo de representación, garantizando así el respeto a los derechos de los profesionales y de sus representados en el ejercicio de la defensa judicial.