Propósito y contexto de la Ley 2462 de 2025

La Ley 2462, sancionada el 18 de junio de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.153, representa una actualización y fortalecimiento de la Ley 731 de 2002, orientada a promover la igualdad de oportunidades para las mujeres rurales, campesinas y de la pesca en Colombia. Esta normativa responde a la necesidad de reconocer y superar las desigualdades estructurales que afectan a estas poblaciones, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad económica, desplazadas por el conflicto armado o afectadas por el despojo de tierras y condiciones socioeconómicas precarias. El ámbito de aplicación abarca todas las mujeres vinculadas a actividades rurales, campesinas y pesqueras en sus múltiples manifestaciones culturales y productivas. La ley destaca la importancia de visibilizar y valorar su aporte fundamental en la economía familiar, la seguridad alimentaria y la conservación ambiental, considerando tanto las actividades remuneradas como aquellas no reconocidas formalmente por el Estado.

Proceso Legislativo y aprobación

La ley fue discutida en el Congreso de la República, donde se abordaron debates clave sobre la inclusión de enfoques interseccionales, la necesidad de acciones afirmativas y la articulación interinstitucional para garantizar su cumplimiento efectivo. La aprobación reflejó un consenso sobre la importancia de fortalecer la autonomía económica y social de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca, así como de proteger sus derechos en un contexto de justicia social y paz.

Contenido clave y principales disposiciones

Entre las innovaciones más relevantes se destacan: - Definición ampliada y reconocimiento integral: Se amplía el concepto de mujer rural, campesina y de la pesca para incluir diversas formas de organización, producción y cultura, incluyendo actividades no remuneradas y no registradas formalmente, pero esenciales para la vida rural. - Principios y enfoques: La ley establece principios como la participación, autonomía, igualdad de oportunidades, sostenibilidad, solidaridad y diversidad cultural, complementados con enfoques territoriales, de equidad, derechos humanos, interseccionalidad, campesinado, medioambiental, entre otros. - Apoyo financiero y económico: Se crea el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (Fommur), destinado a financiar planes, programas y proyectos que promuevan la incorporación y consolidación de estas mujeres en la política económica y social. Además, se establecen líneas de crédito con tasas preferenciales y cupos especiales para mujeres de bajos ingresos, así como garantías y seguros agropecuarios adaptados a sus necesidades. - Educación y capacitación: Se promueve un servicio educativo rural adaptado a las particularidades de estas mujeres, incluyendo educación formal, no formal, tecnológica y para el trabajo, con especial atención a la certificación de competencias y el reconocimiento de saberes ancestrales y tradicionales. - Participación y representación: La ley garantiza la conformación paritaria en espacios de decisión y participación social, incluyendo consejos municipales de desarrollo rural, mesas de trabajo específicas y presencia en gremios y organizaciones productivas. - Salud y vida libre de violencia: Se garantiza el acceso integral a servicios de salud física y mental, incluyendo saberes tradicionales, y se establecen rutas de atención especializadas para prevenir y atender violencias basadas en género, con énfasis en zonas rurales dispersas y población vulnerable. - Reconocimiento cultural y ambiental: Se valoran los saberes ancestrales para la protección de semillas nativas y criollas, y se promueve la participación activa de las mujeres en la justicia climática, conservación ambiental y transición energética. - Transversalización y seguimiento: Se crea un plan anual de revisión, evaluación y seguimiento de los programas y leyes que benefician a estas mujeres, con participación ciudadana y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.

Implicaciones y debate público

Esta ley representa un avance significativo en la agenda de igualdad de género y desarrollo rural sostenible en Colombia. Al reconocer la diversidad de roles y saberes de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca, se visibilizan sus aportes y se abordan brechas históricas que limitan su acceso a recursos, educación, salud y participación política. No obstante, el éxito de esta normativa dependerá en gran medida de su implementación efectiva, la asignación adecuada de recursos y la coordinación interinstitucional. El desafío reside en articular las políticas públicas con las realidades territoriales, garantizar la participación real de las beneficiarias y superar barreras culturales y estructurales que persisten en el medio rural. El debate también ha señalado la importancia de mantener un enfoque interseccional que considere las múltiples discriminaciones que enfrentan estas mujeres por género, etnia, condición socioeconómica o discapacidad, asegurando que las medidas afirmativas sean inclusivas y efectivas.

Aplicación y perspectivas futuras

El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Igualdad y Equidad, Salud, Justicia y Ambiente, entre otros, será responsable de reglamentar y ejecutar la ley, en coordinación con entidades territoriales y organizaciones sociales. Se prevé la creación y fortalecimiento de programas de financiamiento, capacitación, salud integral, educación y participación política, que deberán adaptarse a las diversas realidades regionales y culturales. Asimismo, la ley establece mecanismos para la generación y actualización de estadísticas e indicadores, fundamentales para el seguimiento y evaluación de los avances. En conclusión, la Ley 2462 de 2025 constituye un marco jurídico robusto para promover la igualdad y el desarrollo integral de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca en Colombia. Su implementación efectiva será clave para transformar las condiciones de vida de estas mujeres, reconociendo su papel central en la economía rural, la preservación cultural y ambiental, y la construcción de paz y equidad en el país. Con un compromiso sostenido y una articulación adecuada entre actores públicos y privados, se espera que esta ley contribuya significativamente a cerrar las brechas de género y a fortalecer el desarrollo sostenible en las zonas rurales colombianas.