Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por tres comerciantes que ejercen su actividad desde hace años en la Plaza Real del Centro Histórico de Tunja. Estos vendedores, en situación de vulnerabilidad económica y con diagnósticos médicos relevantes, denunciaron que desde abril de 2024 la Alcaldía Mayor, con apoyo de la Policía y el Ejército, ejecutó operativos de recuperación del espacio público que incluyeron el decomiso de mercancía y la imposición de comparendos sin previo aviso ni alternativas viables de reubicación. Los accionantes manifestaron que los operativos afectaron gravemente sus ingresos y su sustento familiar, al impedirles ejercer su trabajo en sus ubicaciones habituales. Además, señalaron que no fueron incluidos en censos ni procesos de concertación municipal, y que las alternativas ofrecidas, como el lugar denominado “El Hoyo de la Papa”, carecen de condiciones adecuadas para su actividad comercial.

Análisis jurídico y consideraciones de la Corte

La Corte Constitucional reconoció que los comerciantes en el espacio público son sujetos de especial protección constitucional dada su vulnerabilidad social, económica y de salud. Asimismo, reiteró que el deber estatal de proteger el espacio público no es absoluto y debe armonizarse con los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la confianza legítima. Se estableció que existió una vulneración del principio de confianza legítima debido a que la administración municipal permitió y toleró durante años la actividad comercial en dichos espacios, para luego ejecutar desalojos de manera intempestiva, sin notificación formal ni garantía del debido proceso. Además, la Corte determinó que no se ofrecieron alternativas reales de reubicación con condiciones similares a las originales, afectando el derecho a la subsistencia digna de los comerciantes. Se señaló que la falta de una política pública eficaz y una caracterización integral de esta población profundizan la exclusión y desigualdad. En cuanto al uso de la fuerza pública, la Corte advirtió sobre la improcedencia de la participación del Ejército en estos operativos y la imposición de sanciones como el decomiso de mercancías sin haber garantizado previamente alternativas laborales, lo cual resulta desproporcionado y contrario al Estado Social de Derecho.

Órdenes y recomendaciones a la administración municipal

Se revocó la decisión judicial previa que declaró improcedente la tutela y se concedió la protección de los derechos fundamentales de los comerciantes. En consecuencia, se ordena a la Alcaldía Mayor de Tunja: - Abstenerse de impedir que los comerciantes ejerzan su actividad en sus lugares habituales mientras se garantizan condiciones dignas. - Realizar un censo o caracterización integral de todos los comerciantes en el espacio público, incluyendo a quienes no estén asociados a cooperativas. - Formular en seis meses una política pública eficaz, integral y suficiente que garantice la atención integral de esta población con un enfoque diferencial. - Respetar los estándares constitucionales en la ejecución de futuros operativos, absteniéndose de imponer medidas punitivas como multas o decomisos sin ofrecer previamente alternativas de reubicación o trabajo formal. - Adelantar gestiones con el Ministerio de Cultura para asegurar la compatibilidad de las medidas con el régimen jurídico de protección patrimonial del Centro Histórico. Finalmente, se encargó a la Personería Municipal y a la Defensoría del Pueblo realizar seguimiento al cumplimiento de estas órdenes y al desarrollo de los operativos para garantizar el respeto a los derechos de los comerciantes en el espacio público. Con esta decisión, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables, promoviendo soluciones integrales y respetuosas que permitan la convivencia armónica entre el derecho al espacio público y la garantía del sustento digno de los ciudadanos.