Antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. La demanda cuestionaba dos oficios emitidos por la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante los cuales se negó la solicitud de reliquidación de la asignación mensual y demás prestaciones sociales con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la demanda, argumentando que la modificación de la escala porcentual no podía realizarse por decisión judicial, siendo una facultad exclusiva del Gobierno Nacional. Además, se consideró que la entidad demandada ajustó debidamente la asignación básica, sin vulnerar el principio de mantenimiento del poder adquisitivo establecido en la Constitución Política. Posteriormente, el Consejo de Estado confirmó esta decisión en segunda instancia. Sin embargo, se interpuso un recurso extraordinario de revisión contra esta sentencia.

Admisión y fundamentos legales

El Consejo de Estado, a través de su sala especial de decisión, admitió el recurso extraordinario de revisión, confirmando su competencia conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y reglamentaciones internas. La admisión se basó en el cumplimiento oportuno del recurso, presentado dentro del término legal de un año contado desde la ejecutoria de la sentencia impugnada. Además, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la ley, incluyendo la designación de partes, fundamentación de los hechos, causal invocada y la documentación probatoria adjunta. Asimismo, se reconoció la personería del apoderado legal que representa...