El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, resolvió un caso presentado por una empresa propietaria de cinco establecimientos comerciales ubicados en un inmueble del barrio San Bernardo en Bogotá. La acción de tutela fue interpuesta contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro de Bogotá y las compañías de energía Enel Colombia y Codensa, alegando vulneración de derechos fundamentales a la seguridad, tranquilidad, acceso a la energía y dignidad humana.

Antecedentes y pretensiones

La empresa accionante denunció que, debido a obras de adecuación del tramo del metro en la esquina de la calle 3 con avenida Caracas, el sector ha sufrido cortes prolongados de energía eléctrica y un aumento significativo de la delincuencia, incluyendo venta de drogas y prostitución infantil. Esto ha generado inseguridad, impedimento para la movilidad y afectación a la vida cotidiana de los habitantes y comerciantes del inmueble. Se solicitó como medida principal que la Presidencia de la República y las autoridades competentes garantizasen la paz y seguridad en el sector, implementando un plan conjunto para combatir la delincuencia. Además, se pidió el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y la instalación de alumbrado público y cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad.

Procedencia y análisis jurídico

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela es un mecanismo constitucional excepcional, residual y subsidiario, y que su uso debe reservarse para situaciones en las que no existan otros medios judiciales idóneos para proteger derechos fundamentales. Las entidades demandadas alegaron...