Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad. La medida privativa de la libertad se impuso tras una orden de captura relacionada con una investigación penal por presuntos delitos de proxenetismo y estímulo a la prostitución de menores. Posteriormente, en la audiencia de juicio oral, la Fiscalía solicitó la absolución perentoria debido a la atipicidad objetiva de los hechos y la insuficiencia probatoria, solicitud que fue acogida por el juez penal competente, absolviendo al procesado. En primera instancia, el juzgado administrativo declaró la responsabilidad de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios derivados de la privación de la libertad. Sin embargo, esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que consideró ajustada a derecho la medida de aseguramiento y negó la responsabilidad estatal.

Argumentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia incurrió en defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas, ya que la medida de aseguramiento se basó exclusivamente en una entrevista a una menor de edad, sin otros elementos que permitieran inferir razonablemente la participación en los delitos investigados. Además, señaló que el tribunal desconoció el precedente constitucional que establece la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad cuando la absolución penal se funda en la atipicidad objetiva de la conducta imputada.

Análisis del Consejo de Estado

El Consejo de Estado consideró procedente la acción de tutela al cumplir con los requisitos generales y especiales para su admisión contra providencias judiciales. Se determinó que el tribunal de segunda instancia incurrió en defecto fáctico al no valorar adecuadamente la absolución penal basada en la absolución perentoria por atipicidad objetiva. Asimismo, se concluyó que hubo desconocimiento del precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, que ordena aplicar el régimen objetivo de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad cuando la conducta investigada es objetivamente atípica. El tribunal accionado se centró únicamente en justificar la razonabilidad de la medida de aseguramiento bajo el régimen subjetivo de responsabilidad, sin ofrecer justificación para descartar la aplicación del régimen objetivo, omitiendo así un análisis esencial para la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Decisión y orden

En consecuencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar y ordenó que en un término de veinte días se profiera nueva decisión teniendo en cuenta las consideraciones sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y la valoración adecuada de la absolución penal por atipicidad objetiva. Esta decisión reafirma la importancia de la correcta aplicación de los precedentes judiciales en materia de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad y garantiza la protección efectiva de los derechos fundamentales en procesos de reparación directa, estableciendo un precedente claro para futuros casos similares. Asimismo, fortalece el compromiso del sistema judicial con la justicia y la defensa de los derechos humanos, asegurando que las decisiones judiciales se basen en una valoración integral de las pruebas y el respeto a los principios constitucionales.