Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad. La medida privativa de la libertad se impuso tras una orden de captura relacionada con una investigación penal por presuntos delitos de proxenetismo y estímulo a la prostitución de menores. Posteriormente, en la audiencia de juicio oral, la Fiscalía solicitó la absolución perentoria debido a la atipicidad objetiva de los hechos y la insuficiencia probatoria, solicitud que fue acogida por el juez penal competente, absolviendo al procesado. En primera instancia, el juzgado administrativo declaró la responsabilidad de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios derivados de la privación de la libertad. Sin embargo, esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que consideró ajustada a derecho la medida de aseguramiento y negó la responsabilidad estatal.

Argumentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia incurrió en defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas, ya que la medida de aseguramiento se basó exclusivamente en una entrevista a una menor de edad, sin otros elementos que permitieran inferir razonablemente la participación en los delitos investigados. Además, señaló que el tribunal desconoció el precedente constitucional que establece la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad cuando la absolución penal se funda en la atipicidad objetiva de la conducta imputada.

Análisis del Consejo de Estado

El Consejo de Estado consideró procedente la acción de tutela al...