Contexto y antecedentes del caso

El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023, que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho en un proceso en el que se controvertían actos administrativos emitidos por la DIAN relacionados con sanciones por no presentar declaraciones de autorretención del impuesto sobre la renta para equidad (CREE). El recurrente intentó argumentar la existencia de causales de revisión previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), pero el recurso fue inadmitido inicialmente por no cumplir los requisitos legales.

Fundamentos del rechazo del recurso

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señaló que el recurso extraordinario de revisión debe ser rechazado cuando no se subsanan en término las falencias advertidas en la inadmisión. En este caso, aunque el recurrente presentó un memorial de subsanación dentro del término concedido, no logró superar las deficiencias sustanciales, en particular: - No acreditó la identidad de partes y objeto entre los procesos judiciales involucrados, pues cada uno versaba sobre actos administrativos diferentes correspondientes a periodos gravables distintos. De esta forma, no se cumplió con el requisito esencial para configurar la causal de revisión basada en la existencia de cosa juzgada. - Continuó aduciendo hechos y pruebas nuevas, contrariando la orden de adecuar la argumentación para que el mecanismo no fuera utilizado como instancia adicional para presentar nuevas evidencias o rebatir tesis jurídicas ya decididas. Además, se destacó que la sentencia cuestionada no contó con pruebas suficientes sobre el estado del proceso liquidatorio de la sociedad involucrada al momento de la expedición de los actos administrativos impugnados, cuestión relevante en la controversia.

Conclusión y efectos

Por las razones expuestas, el Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de revisión y ordenó el archivo del proceso. Esta decisión pone fin a la actuación procesal en esta instancia, sin perjuicio de que el recurrente pueda acudir nuevamente a la jurisdicción mediante los mecanismos legales correspondientes, siempre y cuando no haya operado la caducidad. Este pronunciamiento reafirma la rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos procesales para la admisión de recursos extraordinarios de revisión, garantizando la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de la administración de justicia. De esta manera, se fortalece la confianza en el sistema judicial y se evita el uso indebido de recursos que podrían dilatar la resolución definitiva de los conflictos.