El Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, confirmó la sentencia del tribunal administrativo que negó las pretensiones de una sociedad demandante contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El caso se relaciona con la corrección provocada y el rechazo de impuestos descontables en la declaración del IVA correspondiente al sexto bimestre de 2015.

Antecedentes y objeto del litigio

La sociedad presentó inicialmente su declaración de IVA por el sexto bimestre de 2015 y posteriormente realizó correcciones sin modificar el saldo a favor. La DIAN, en un requerimiento especial, propuso modificaciones que desconocían impuestos descontables y aplicaban sanciones por inexactitud, lo que condujo a la liquidación oficial de revisión y a la confirmación del acto administrativo mediante resolución de recurso de reconsideración. La demandante solicitó la nulidad de dichos actos y el restablecimiento del derecho, alegando cumplimiento de requisitos legales para la corrección provocada, acreditación del pago total y la procedencia de los impuestos descontables relacionados con un contrato de exploración y producción de hidrocarburos. También cuestionó la imposición de sanciones por inexactitud, argumentando ausencia de ánimo defraudatorio y diferencias interpretativas sobre la autorización requerida para la cesión del contrato.

Análisis del Consejo de Estado

El Consejo de Estado examinó tres puntos principales: la procedencia de la corrección provocada, la validez de los impuestos descontables y la imposición de la sanción por inexactitud. Respecto a la corrección provocada, el alto tribunal concluyó que no se acreditó el pago total exigido por la norma tributaria. La corrección implicaba el pago del mayor impuesto y de la sanción reducida; sin embargo, el recibo de pago presentado no cubrió en su totalidad la sanción reducida, incumpliendo así el requisito legal para validar la corrección. Por lo tanto, esta corrección no fue procedente. Sobre los impuestos descontables derivados del contrato en cuestión, el Consejo destacó que, conforme al artículo 488 del Estatuto Tributario, solo es procedente descontar el IVA relacionado con costos o gastos legalmente reconocidos en el impuesto de renta. En este caso, la cesión del 50% de los derechos económicos del contrato fue autorizada formalmente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en febrero de 2016, mientras que el periodo fiscal discutido corresponde a 2015. Además, una sentencia previa confirmó que la demandante no tenía la titularidad para computar esos costos en 2015. Por consiguiente, la DIAN actuó correctamente al desconocer los impuestos descontables en ese periodo. Finalmente, en cuanto a la sanción por inexactitud, el Consejo sostuvo que la conducta sancionada consistió en declarar impuestos descontables derivados de un contrato del cual la sociedad no era titular, generando un menor impuesto a cargo. No se requirió probar dolo o ánimo defraudatorio para imponer la sanción, y la diferencia de criterios alegada por la demandante no se consideró suficiente para eximirla de responsabilidad.

Decisión y conclusiones

El Consejo de Estado declaró fundado el impedimento de un magistrado para conocer del proceso y designó conjuez para completar el quórum decisorio. En mérito de lo expuesto, confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la sociedad demandante y no condenó en costas. Este fallo reafirma la importancia de cumplir con los requisitos legales para la procedencia de la corrección provocada y la estricta interpretación del reconocimiento de impuestos descontables en concordancia con la titularidad contractual vigente en el periodo fiscal objeto de revisión. Además, confirma que la sanción por inexactitud puede imponerse aun sin demostración de dolo, cuando se registran descuentos improcedentes en la declaración tributaria. Con esta decisión, el Consejo de Estado establece un precedente claro para futuros casos tributarios relacionados con la corrección provocada, la apropiación de impuestos descontables y las sanciones por inexactitud, fortaleciendo así la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas fiscales en Colombia.