Antecedentes y contexto del caso

En una sentencia de tutela emitida en septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Magdalena amparó los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana e igualdad de un paciente con enfermedad renal crónica, ordenando a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional afiliarlo al sistema de salud militar y prestar atención integral mediante terapias de hemodiálisis. Además, se dispuso que la entidad se hiciera cargo del subsidio de transporte y estadía para el paciente y su acompañante desde su lugar de residencia hasta la ciudad donde se brinda el tratamiento médico. Posteriormente, en marzo de 2025, se inició un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de esta última orden, específicamente en lo relacionado con el pago de los gastos de transporte y alojamiento para el acompañante del paciente.

Desarrollo del incidente y sanciones

El Tribunal Administrativo del Magdalena sancionó a los funcionarios responsables con una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras constatar la dilación injustificada en el cumplimiento de la orden judicial. La Dirección de Sanidad del Ejército negó que el paciente cumpliera con los requisitos para acceder a subsidios para su acompañante, lo cual fue considerado insuficiente para eximir el cumplimiento. El Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para revisar el incidente en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción. El análisis jurídico destacó que el incumplimiento parcial no era suficiente para levantar la multa, dado que la negación de viáticos para el acompañante representaba una barrera al derecho fundamental a la salud y a la accesibilidad del tratamiento médico.

Fundamentos jurídicos y proporcionalidad de la sanción

El fallo recordó que el Decreto Ley 2591 de 1991 establece la obligación de cumplir las sentencias de tutela sin demora y prevé sanciones por desacato cuando se incumpla la orden judicial, siempre que exista responsabilidad subjetiva, es decir dolo o culpa comprobada. La Sección Quinta resaltó que la multa impuesta persigue un fin legítimo y constitucional, al garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del paciente, quien requiere protección especial dadas las características de su enfermedad. Asimismo, la sanción resulta idónea para inducir el cumplimiento y proporcional en relación con la gravedad de la conducta. Finalmente, se señaló que los funcionarios sancionados podrán solicitar el levantamiento de la multa si acreditan el cumplimiento pleno de la orden judicial.