Antecedentes del caso

El proceso se originó por la demanda interpuesta por un conjunto cerrado en propiedad horizontal contra una urbanizadora, solicitando que se declarara la responsabilidad civil de esta última por daños derivados de vicios ocultos en las vías internas de la copropiedad. La demanda incluía una petición de reparación por más de 434 millones de pesos y el pago por estudios periciales que superaban los 94 millones de pesos. En primera instancia, el juzgado civil del circuito acogió las pretensiones y condenó solidariamente a la urbanizadora y a un grupo empresarial llamado en garantía al pago de las sumas reclamadas, además de las costas procesales. En apelación, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior confirmó íntegramente la sentencia. La urbanizadora interpuso un recurso extraordinario de casación contra la decisión de segunda instancia, el cual fue denegado por no cumplir con la cuantía mínima establecida para este tipo de recursos, que para 2025 es de aproximadamente 1.423 millones de pesos, monto que supera con creces el perjuicio patrimonial reconocido en la sentencia (actualizado a unos 557 millones).

Consideraciones de la Corte

La Corte Suprema recordó que el recurso de casación es un mecanismo extraordinario sujeto a requisitos estrictos, entre los cuales destaca la cuantía del interés económico para recurrir. Se explicó que este interés se calcula con base en el perjuicio patrimonial que la decisión desfavorable genera para el recurrente al momento de la sentencia. En este caso, la Corte concluyó que el monto reconocido en la sentencia no supera el umbral legal para acceder a la casación, por...