Antecedentes del caso

Un empleado de carrera judicial, con discapacidad, promovió acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y debido proceso. El accionante había concursado y quedó registrado en la lista seccional de elegibles para un cargo de escribiente nominado de circuito. Sin embargo, pese a presentar opción para diversas sedes, no fue seleccionado. Posteriormente, el Consejo Seccional de la Judicatura conformó una lista exclusiva para proveer el cargo en un juzgado laboral, y el accionante presentó opción para dicha vacante. No obstante, el juez laboral del circuito eligió a otro aspirante en solicitud de traslado, argumentando que tenía un perfil más amplio debido a su formación, calificación integral y experiencia en la jurisdicción laboral. Contra esta decisión se interpusieron recursos de reposición, apelación y queja, los cuales fueron rechazados. El accionante alegó que sus derechos fueron vulnerados por no priorizarse su condición de discapacidad y el puesto obtenido en el concurso de méritos, además de que se infringieron normas de inclusión laboral.

Consideraciones jurídicas

La Corte señaló que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario para proteger derechos fundamentales cuando estos son vulnerados por autoridades públicas o particulares. Sin embargo, su procedencia está supeditada a que se cumplan requisitos generales, entre ellos la subsidiariedad, que implica haber agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. En este caso, el tribunal concluyó que el accionante no agotó el medio de control idóneo, que es la nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. Además, no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la intervención del...