Antecedentes del caso

El tribunal conoció una acción de tutela interpuesta por un particular en contra de la Contraloría General de la República – gerencia departamental del Putumayo. El demandante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada y al acceso a la administración de justicia, debido a que no se accedió a su solicitud de levantamiento de una medida cautelar decretada en un proceso de responsabilidad fiscal contra la presunta vendedora del inmueble objeto de una promesa de compraventa. El inmueble, un lote urbano de 3.500 metros cuadrados, fue embargado como medida cautelar dentro del proceso fiscal, y el solicitante, que ejercía la posesión de buena fe desde 2017, no logró formalizar la inscripción de la propiedad debido a errores catastrales y a la existencia de la medida restrictiva.

Fundamentos jurídicos y análisis

El tribunal destacó que la verdadera controversia es de naturaleza contractual, derivada del incumplimiento en la transferencia del dominio del inmueble contemplada en la promesa de compraventa. En este sentido, se precisó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y preferente que procede únicamente cuando no existen otros medios de defensa judicial o para evitar un perjuicio irremediable. Dado que el demandante dispone del proceso ordinario ante la jurisdicción competente para resolver la controversia contractual, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado. Además, no se evidenció un perjuicio irremediable que justifique su uso excepcional. Respecto al derecho fundamental al debido proceso, el tribunal concluyó que la Contraloría actuó dentro del marco legal vigente, fundamentando su negativa...