Antecedentes del caso

Un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, que se desempeña como técnico investigador en la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI - Córdoba, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 como factor salarial para liquidar todas sus prestaciones sociales. Dicha bonificación, según el decreto, constituye factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La solicitud fue negada en primera instancia mediante actos administrativos y recursos de apelación.

Decisión de primera instancia

El juzgado administrativo transitorio de Montería consideró que la bonificación judicial tiene naturaleza salarial, pues fue creada para nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la rama judicial. Declaró inconstitucional la frase que limita la bonificación exclusivamente como factor para cotizaciones a pensiones y salud. Se ordenó a la Fiscalía General reconocer y pagar la bonificación judicial como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales causadas desde 2014 y a futuro.

Argumentos en el recurso de apelación

La entidad demandada argumentó que el Gobierno Nacional tiene la facultad legal para regular el régimen salarial y prestacional de sus servidores, incluyendo la posibilidad de restringir la consideración de ciertos pagos como factores salariales para prestaciones sociales. Además, sostuvo que la bonificación judicial fue creada bajo la premisa de sostenibilidad fiscal, con recursos específicos y que otorgar efectos salariales plenos podría desbordar el presupuesto asignado.

Análisis y consideraciones del tribunal

El tribunal recordó que el concepto de salario incluye todas las sumas que periódicamente recibe un trabajador como contraprestación directa y habitual por sus servicios, según el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia constitucional y administrativa. La bonificación judicial, al ser un pago mensual, permanente y en retribución al servicio, cumple con estos requisitos para ser considerada salario. Aunque el legislador tiene facultad para definir el régimen salarial de los empleados públicos, las restricciones no pueden vulnerar derechos fundamentales como la irrenunciabilidad al salario y la primacía de la realidad. Además, la jurisprudencia ha sostenido que la bonificación judicial no debió excluirse como factor para liquidar prestaciones sociales, pues su naturaleza y finalidad son equivalentes a un incremento salarial por nivelación. Por ello, el tribunal confirmó la sentencia que ordena a la Fiscalía General incluir la bonificación judicial en el cálculo de prestaciones sociales y pagar las sumas adeudadas.

Conclusión

El tribunal administrativo de Córdoba confirmó la sentencia que reconoce la bonificación judicial del Decreto 382 de 2013 como factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión reafirma la protección de los derechos laborales y salariales de los servidores públicos, garantizando que las bonificaciones habituales y permanentes sean tenidas en cuenta en los cálculos correspondientes. No se impuso condena en costas en esta instancia debido a la ausencia de intervención del demandante en la apelación. La providencia fue adoptada con base en la normativa vigente y la interpretación jurisprudencial sobre el concepto de salario y la protección de los derechos laborales en el sector público. Así, se garantiza el respeto a los derechos fundamentales y la correcta aplicación de las disposiciones legales en materia salarial para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.