La sala once especial de decisión del Consejo de Estado resolvió el recurso extraordinario de revisión presentado por una sociedad en liquidación contra la sentencia del 17 de mayo de 2018, dictada por la sección quinta de esta corporación, que confirmó la imposición de una multa por la aprehensión y decomiso de mercancía amparada en un manifiesto de carga.

Antecedentes del caso

En 2008, la administración aduanera de Cartagena aprehendió mercancía de una empresa de transporte por encontrarse carga en exceso respecto al documento de transporte, conforme al artículo 502 del decreto 2685 de 1999. Posteriormente, se ordenó el decomiso definitivo de la mercancía. La sociedad demandante interpuso acciones legales, incluyendo una tutela que inicialmente protegió su derecho al debido proceso, pero que fue revocada por el tribunal superior. La autoridad aduanera impuso una sanción económica equivalente al 200% del valor aduanero de la mercancía. La sociedad presentó recursos administrativos y demandas en vía contenciosa, que fueron negados por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado en segunda instancia.

Fundamentos del recurso extraordinario de revisión

La sociedad recurrente alegó que existían causales legales para revisar la sentencia, basándose en la existencia de sentencias posteriores que anularon los actos administrativos de aprehensión y decomiso, y en la supuesta falsedad motivacional de dichos actos, lo que habría afectado la validez de la sanción impuesta. Se invocaron las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA): (i) prueba recobrada después de la sentencia que podría cambiar la decisión, y (ii) que la sentencia se dictó con fundamento en documentos falsos o adulterados.

Consideraciones de la sala

La sala destacó que el recurso extraordinario de revisión es un mecanismo excepcional para corregir decisiones judiciales que incurren en causales específicas y deben cumplir requisitos estrictos para su procedencia. Respecto a la causal de prueba recobrada, se aclaró que las sentencias posteriores no constituyen prueba documental según la normativa vigente, por lo que no pueden ser consideradas para este tipo de recurso. Además, dichas sentencias fueron emitidas con posterioridad al fallo recurrido, lo que impide su aplicación. En cuanto a la causal de documentos falsos o adulterados, la sala precisó que la falsa motivación administrativa no equivale a una falsedad ideológica con dolo, requisito indispensable para la configuración de esta causal. La nulidad de los actos administrativos por falsa motivación no implica que estos sean documentos falsos en sentido jurídico procesal. De esta manera, no se configuraron las causales de revisión alegadas por la recurrente, por lo que la sentencia de 2018 fue confirmada.

Decisiones adicionales

Se aceptó la renuncia al poder otorgado por la autoridad aduanera a uno de sus apoderados y se reconoció personería a los nuevos representantes legales de las partes. Se negó la solicitud de desvinculación de la compañía aseguradora vinculada al proceso, dado su interés directo en el caso. Finalmente, se condenó a la sociedad demandante al pago de costas por agencias en derecho a favor de la autoridad aduanera. Esta decisión reafirma la rigurosidad del recurso extraordinario de revisión y la necesidad de cumplir con sus requisitos para modificar sentencias que han adquirido cosa juzgada, garantizando la seguridad jurídica en materia administrativa y aduanera. Con esta resolución, el Consejo de Estado fortalece la estabilidad de las decisiones judiciales y el respeto por los procedimientos establecidos en la legislación colombiana.