Contexto y antecedentes

La acción popular fue instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra el departamento de Caldas, municipio de Villamaría, Corpocaldas y varias empresas de servicios públicos, ante la situación de riesgo por deslizamiento y falta de servicios básicos en el predio “Los Sauces”. Aproximadamente 66 viviendas habitadas irregularmente desde 2012 presentan condiciones de alta vulnerabilidad por remociones en masa, ausencia de alcantarillado y manejo inadecuado de aguas residuales y lluvias.

Derechos colectivos afectados

Se evidenció la vulneración de derechos colectivos previstos en los literales a), g), l) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relacionados con el goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, prevención de desastres previsibles técnicamente y realización ordenada de construcciones y desarrollos urbanos.

Responsabilidades y competencias

El departamento de Caldas, propietario del predio, incurrió en omisión al no adelantar los estudios técnicos necesarios para evaluar y mitigar el riesgo, ni ejecutar obras para tal fin. Por su parte, el municipio de Villamaría es responsable principal de la gestión del riesgo, incluyendo la reubicación de asentamientos en zonas de alto riesgo y la garantía de servicios públicos. Corpocaldas cumplió su función asesora técnica, mientras las empresas de servicios públicos prestaron los servicios dentro de sus capacidades técnicas dadas las condiciones del terreno.

Medidas ordenadas por el tribunal

Se ordena al departamento de Caldas realizar en seis meses los estudios de detalle para determinar la mitigabilidad del riesgo y, si es posible, ejecutar las obras correspondientes dentro del año siguiente. Simultáneamente, el departamento y el municipio deben garantizar la adecuada disposición de aguas residuales y lluvias, y la prestación del servicio de alcantarillado. En caso de que el riesgo sea no mitigable, el municipio debe gestionar la reubicación definitiva de las familias en un plazo de cuatro meses y ejecutar la reubicación en diez meses, garantizando el acceso a servicios públicos mediante planes de vivienda subsidiada. Si los habitantes se rehúsan a abandonar la zona, el departamento debe promover acciones policivas o judiciales con respeto al debido proceso y a la confianza legítima. Además, se dispone la constitución de un comité de verificación para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes, integrado por representantes de las partes involucradas y de la Defensoría del Pueblo.

Conclusiones

El tribunal reafirma la responsabilidad compartida entre el departamento de Caldas y el municipio de Villamaría en la vulneración de derechos colectivos en “Los Sauces” y establece un plan claro de acciones para mitigar riesgos, garantizar servicios públicos y proteger la vida e integridad de los habitantes, evitando la repetición de asentamientos irregulares en la zona. Estas medidas buscan asegurar un entorno seguro y digno para la comunidad, promoviendo la gestión integral del riesgo y el desarrollo sostenible del territorio.