Propósito y objetivo general del proyecto de resolución

El proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Transporte tiene como propósito general establecer los mecanismos necesarios para la normalización del esquema tarifario en la estación de peaje Puerto Berrío, administrada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La iniciativa responde a la necesidad de ajustar progresivamente las tarifas de peaje que se habían suspendido temporalmente por disposiciones legales vigentes, con el fin de garantizar el mantenimiento, operación y desarrollo adecuado de la infraestructura vial concesionada, así como promover condiciones de movilidad seguras y eficientes para los usuarios. El objetivo principal es implementar incrementos graduales y progresivos en las tarifas de peaje que permitan equilibrar la sostenibilidad financiera del proyecto de concesión “Autopista al Río Magdalena 2” con la protección social y económica de las comunidades y actores involucrados en el corredor vial. De esta forma, se busca evitar impactos bruscos en los usuarios y sectores productivos, mientras se asegura la prestación continua y de calidad del servicio vial.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto de resolución introduce un esquema tarifario gradual que contempla incrementos escalonados en dos periodos anuales desde el 16 de julio de 2025 hasta el 15 de julio de 2027. Así, las tarifas se irán ajustando progresivamente hasta alcanzar los valores contractualmente establecidos según el Contrato de Concesión No. 008 de 2014, que regula el proyecto vial. Este mecanismo reemplaza la aplicación súbita de incrementos tarifarios por una metodología que busca mitigar impactos sociales y económicos adversos. Entre las medidas específicas propuestas, se destacan: - Establecimiento de tarifas diferenciadas por categoría vehicular, que incluyen automóviles, buses, camiones y vehículos de carga pesada, conforme a la estructura original del contrato. - Actualización periódica de tarifas en pesos corrientes, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y ajustando a la centena más cercana para facilitar el recaudo. - Inclusión del Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) como un componente adicional en la tarifa final, destinado a financiar programas de seguridad vial. - Mantenimiento de tarifas especiales para residentes de municipios aledaños, según resoluciones previas, para preservar beneficios sociales específicos.

Impacto esperado y alcance del proyecto

El impacto esperado de esta normalización gradual del esquema tarifario es múltiple. En primer lugar, se garantiza la continuidad de la operación y mantenimiento del proyecto vial, cumpliendo con los estándares de seguridad, calidad y servicio establecidos en el contrato de concesión. Esto contribuye a la sostenibilidad financiera de la infraestructura y a la adecuada prestación del servicio a los usuarios. En segundo lugar, la progresividad en los incrementos tarifarios busca reducir las afectaciones negativas sobre las comunidades locales, gremios y demás actores económicos del corredor vial, evitando impactos económicos abruptos que podrían generar conflictos sociales o alteraciones del orden público. Finalmente, esta medida fortalece la integración nacional e internacional al asegurar la conectividad eficiente entre el suroccidente, centro occidente y el norte del país, facilitando el transporte de personas y mercancías hacia importantes puertos y corredores económicos.

Participación de actores clave y proceso de consulta pública

El proyecto de resolución incluye la participación activa de diversas entidades, entre las cuales destacan el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Estas entidades han colaborado en el diseño y aplicación de los mecanismos tarifarios, en cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales vigentes. Además, en cumplimiento con la normativa de participación ciudadana, el contenido de la resolución fue publicado para consulta pública en la página web del Ministerio de Transporte, permitiendo la recepción de comentarios, observaciones y propuestas por parte de ciudadanos y grupos de interés. Las observaciones recibidas durante este periodo fueron debidamente analizadas y atendidas para enriquecer el acto administrativo final.