La acción de tutela fue interpuesta contra una providencia judicial emitida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual revocó una sentencia de primera instancia que había declarado la responsabilidad administrativa de una entidad pública encargada de la administración deportiva de una unidad deportiva en Medellín. El proceso se originó tras un accidente sufrido por una menor de edad durante una actividad deportiva, que derivó en daños físicos y psicológicos. En primera instancia, el juzgado administrativo había condenado a la entidad pública administradora por falla en el servicio y ordenó su indemnización. Sin embargo, la Sala Cuarta del Tribunal revocó dicha decisión, argumentando que la responsabilidad correspondía al propietario del inmueble, el Distrito de Medellín, basándose en el artículo 2350 del Código Civil, relativo a la responsabilidad por ruina del edificio. Además, se consideró que la entidad administradora no tenía legitimación en la causa por pasiva, pues solo actuaba como administradora y no como propietaria de las instalaciones. Los accionantes alegaron que esta decisión vulneró su derecho fundamental al debido proceso, señalando defectos fácticos y sustantivos, en particular por la omisión de normas que establecen las responsabilidades de la entidad administradora en el mantenimiento y seguridad de las instalaciones deportivas. También cuestionaron la valoración probatoria y la aplicación del título de imputación de riesgo excepcional en lugar de falla en el servicio.

Decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en segunda instancia, negó el amparo solicitado, señalando que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y procede solo cuando se vulneran derechos fundamentales de manera arbitraria o manifiesta. En este caso, la Sala concluyó que la controversia no superaba el umbral de relevancia constitucional, pues se trataba de una inconformidad con la interpretación y valoración probatoria realizada por el juez natural del proceso de reparación directa. La Sala destacó que la decisión del Tribunal Administrativo fue razonable y fundamentada, respetando la autonomía judicial y los principios de independencia y cosa juzgada. Asimismo, señaló que los reproches de los accionantes no planteaban un debate constitucional sino una discusión legal sobre la aplicación normativa y la legitimación en la causa. Finalmente, el Consejo de Estado revocó la sentencia que negó la tutela para declarar improcedente la acción por falta de relevancia constitucional, reafirmando así que no procede utilizar la tutela como un recurso para reabrir debates ya resueltos en sede judicial ordinaria. Esta decisión subraya la importancia de respetar las competencias del juez natural y los límites de la acción de tutela frente a sentencias judiciales, garantizando la protección adecuada de los derechos fundamentales sin convertirse en una instancia revisora adicional.