El Consejo de Estado, en sesión de la sección tercera subsección B, resolvió una acción de tutela interpuesta contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Policía Nacional, el director de incorporación de la Policía Nacional, el departamento del Chocó, el comandante de la Policía Nacional en Chocó, la jefatura de la Unidad Básica de Incorporación y el municipio de Quibdó. La acción buscaba la protección de derechos fundamentales como el debido proceso, trabajo, mínimo vital, igualdad y educación, tras la exclusión de un aspirante del proceso de ingreso a la Policía Nacional en el marco de la Convocatoria 206-2024.

Antecedentes y pretensiones

La convocatoria, publicada por orden presidencial en noviembre de 2024, ofertó becas para ingresar a la Escuela de Formación de la Policía Nacional en 2025. De los 4.000 cupos nacionales, se informó que 150 estarían disponibles para el departamento del Chocó. El aspirante inició el proceso de inscripción y superó varias etapas, incurriendo en gastos significativos por exámenes, valoraciones médicas y desplazamientos a ciudades distintas a su lugar de residencia. No obstante, al publicarse la lista definitiva de admitidos en abril de 2025, solo 48 aspirantes del Chocó fueron seleccionados, lo que generó la demanda al considerar que hubo reducción injustificada de cupos y posible trato discriminatorio. Se solicitó a las autoridades demandadas emitir informes detallados, incluir al aspirante en la resolución de admitidos y brindar soluciones ante la supresión de un programa de becas financiado por una entidad extranjera.

Decisión del Consejo de Estado

El tribunal determinó que la acción de tutela era improcedente frente al acto administrativo definitivo que excluyó al aspirante, debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Esto significa que el demandante contaba con otros medios judiciales idóneos, como el control de nulidad y restablecimiento del derecho, para impugnar el acto. Además, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara el uso de la tutela como mecanismo transitorio. Respecto a las solicitudes de información y requerimientos dirigidos a las autoridades, la Sala constató que no se aportó prueba concreta de que el aspirante hubiera realizado solicitudes formales previas para obtener dicha información. Tampoco se demostró la existencia de un hecho vulnerador concreto atribuible a las entidades demandadas. Por ello, se negó el amparo solicitado en este aspecto por ausencia de vulneración. Finalmente, se rechazaron las solicitudes de desvinculación de algunas autoridades, pues fueron accionadas directamente en la tutela. La sentencia ordena la notificación personal o por medios electrónicos y advierte que, de no ser impugnada en tres días, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este fallo destaca la importancia de agotar los medios judiciales ordinarios antes de recurrir a la acción de tutela y subraya la presunción de legalidad de los actos administrativos, especialmente en procesos de convocatoria y selección en entidades públicas. Así, se reafirma la confiabilidad en los procedimientos establecidos para el ingreso a la Policía Nacional y se garantiza el respeto a las garantías procesales de los aspirantes.