Antecedentes y solicitud de suspensión provisional

Un ciudadano presentó demanda de nulidad contra la Resolución 101-042 de 20 de abril de 2024, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establecía un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica para promover la recuperación de los niveles de embalses y prevenir desabastecimientos. Además, solicitó la suspensión provisional de los efectos de dicha resolución, argumentando que su aplicación podría causar perjuicios graves a miles de ciudadanos.

Argumentos y respuesta de las entidades involucradas

La CREG se opuso a la medida cautelar, señalando que el programa había sido terminado mediante la Circular 023 del 30 de abril de 2024, antes de que comenzara a operar el ciclo completo de lectura de los usuarios regulados, por lo que el acto no produjo efectos jurídicos. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía solicitó igualmente denegar la suspensión provisional, explicando que la resolución formaba parte de un conjunto de medidas para garantizar el suministro eléctrico durante el fenómeno de El Niño y que la terminación temprana buscó evitar impactos tarifarios.

Consideraciones jurídicas sobre la medida cautelar

El Consejo de Estado recordó que las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo persiguen proteger provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En el caso de la suspensión provisional de actos administrativos, esta procede cuando se demuestra una violación al ordenamiento jurídico superior y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad. Sin embargo, la Sala señaló que la resolución cuestionada perdió vigencia tras la emisión de la Circular 023, que dio por terminado el programa antes de que iniciara su operación completa. En consecuencia, el acto administrativo no estaba produciendo efectos jurídicos al momento de decidir sobre la medida cautelar, lo que implica una carencia de objeto para la suspensión provisional.

Conclusión y decisión

Por lo anterior, el Consejo de Estado denegó la medida cautelar solicitada, al considerar que la Resolución 101-042 de 2024 ya no estaba vigente ni obligatoria. La decisión resalta la importancia de que los actos administrativos estén en vigor para que procedan suspensiones provisionales, evitando así la sustracción de materia en el proceso judicial. De esta manera, el Consejo reafirma su compromiso con la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia administrativa, garantizando que los procesos judiciales se desarrollen sobre actos con efectos reales y vigentes. Con esta resolución, se busca brindar claridad tanto a los ciudadanos como a las entidades públicas sobre la procedencia de las medidas cautelares en el marco del derecho administrativo.