Antecedentes del caso

En un proceso de nulidad interpuesto contra la Superintendencia de Sociedades, se cuestionan dos actos administrativos: la resolución que adopta el instructivo para la provisión de empleos mediante encargos en la planta global de dicha entidad, y un numeral del instructivo que establece la entrevista por competencias con carácter eliminatorio, así como la prueba psicotécnica también con carácter eliminatorio. El demandante argumenta que estas disposiciones vulneran principios constitucionales y legales relacionados con la provisión de empleos públicos. Tras la admisión de la demanda, la Superintendencia no presentó contestación, lo que llevó al despacho judicial a considerar la posibilidad de proferir sentencia anticipada.

Decisión sobre la sentencia anticipada y pruebas

Con base en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), adicionado por la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado determinó que se cumplen los presupuestos para emitir sentencia anticipada, ya que: - El caso es de puro derecho. - No hay necesidad de practicar pruebas adicionales. - Las pruebas documentales aportadas con la demanda no han sido objetadas. Por ello, se prescindirá de la audiencia inicial y se procederá a fijar el litigio, incorporar las pruebas documentales y correr traslado a las partes para alegatos de conclusión.

Fijación del objeto del litigio y conclusiones

El litigio se centrará en determinar si los actos demandados vulneran los artículos 40 y 125 de la Constitución Política, así como varios artículos de la Ley 909 de 2004. En particular, se analizará si la incorporación de la entrevista con carácter eliminatorio para la provisión de empleos mediante encargos afecta el principio del mérito y los criterios objetivos establecidos por la ley. El Consejo de Estado negó la práctica de pruebas adicionales solicitadas por el demandante, al considerar que no son pertinentes ni útiles para resolver el caso, dado que los actos administrativos revisados son de carácter general y no se estudian situaciones particulares. Finalmente, se ordenó trasladar el expediente para que las partes presenten sus alegatos de conclusión y para que el Ministerio Público rinda concepto, a fin de dictar la sentencia anticipada conforme a la normativa aplicable. Esta decisión busca garantizar la celeridad procesal y la correcta interpretación del marco jurídico vigente en materia de provisión de empleos públicos en la Superintendencia de Sociedades.